Tragedia en Sudán

El anuncio del gobierno sudanés pronunciándose en contra de la extradición de su presidente a solicitud del Tribunal Penal Internacional -TPI- no ha sorprendido a nadie. Lo extraño es que se hubiese avenido a entregarle. Al mismo tiempo, bien puede decirse que esta situación representa un hito en el ámbito de las responsabilidades penales internacionales. Y es que Omar Al-Bachir, ostenta el dudoso honor de haberse convertido en el primer jefe de estado imputado por el TPI, estando aún en el ejercicio de su magistratura. Los cargos que ha esgrimido el fiscal jefe de dicho tribunal para solicitar una orden de detención contra Al-Bachir no dejan lugar a dudas: genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad en relación con el conflicto de Darfur.

El Gobierno de Jartum, como era de esperar, ni reconoce la autoridad del TPI ni parece importarle demasiado la situación. Y mientras, la tragedia humanitaria sigue su curso. Tragedia que en cifras tiene una lectura atroz: 300.000 muertos y más de dos millones de desplazados, a los que se unen hambruna y enfermedades. La base de todo está en la feroz represión llevada a cabo por el gobierno sudanés, un régimen militar musulmán, contra la minoría cristiana de Darfur. Para ello, ha contado con la inestimable ayuda de la milicia islámica Janjaweed. Y lo peor de todo es que las represalias del gobierno sudanés expulsando del país a 10 ONG internacionales pueden agravar si cabe aún más la desastrosa situación de los desplazados por la acción militar. Por desgracia, Darfur no tiene petróleo, lo que le convierte en candidato a ocupar un lugar destacado en la deplorable lista de conflictos lejanos que avergüenzan la dignidad humana. Pero que amenaza con convertirse en una catástrofe humanitaria de proporciones enormes.