Todos los culpables de la impunidad del maltratador

Un teletipo redactado este pasado jueves en México DF confirma el enlace entre la cantante Rihanna y el rapero Chris Brown, de 21 y 19 años, respectivamente. Guapos, jóvenes, millonarios y espejo en el que adolescentes de EEUU y medio mundo se miran a diario. En la antesala de la última gala de entrega de los Grammy, los “Óscar” de la música, Chris propinó una paliza a Rihanna. Ella tuvo que ser atendida en un hospital de Los Ángeles y él, tras pagar 50 millones de dólares –muy por debajo de su caché por actuación-, quedó en libertad con cargos.

El citado teletipo narra cómo "un emotivo Chris se disculpó, suplicó perdón y se le propuso a ella en el acto. Todo lo que ella quería era estar con él para siempre". El matrimonio sella la unión y zanja la causa. Rihanna, que en ningún momento quiso imputar cargos a su ya marido, al convertirse en esposa de su agresor ya no tiene la obligación de testificar contra él. Camino libre al maltratador, impunidad.

¿Quién hace más daño de los dos?, ¿por qué Rihanna, estrella de la música, ha errado no sólo en sus actos sino también en su mensaje a la sociedad estadounidense ante una realidad que abofetea al país a diario? “La actitud machista no es específica de los hombres”, responde Teresa San Segundo, profesora de Derecho Civil en la UNED y especialista en Violencia de Género.

Por su parte, Manuel Sánchez de Diego, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, recuerda que “hay países en donde no se ha alcanzado un grado de sensibilidad suficiente sobre la violencia de género”. ¿Qué pone freno a una conciencia universal? De Diego sostiene que “el Derecho es un factor más de la compleja realidad. Por otro lado, la realidad social hace germinar, modular y también transformar el Derecho. Así pues, Derecho y realidad interaccionan de forma continúa”. De este modo, los legisladores necesitan una voz que les guíe, que haga contemporáneos el problema y la solución.

Una cuestión más: ¿Quién influye en el vigor o el silencio de esta voz? Teresa San Segundo insiste en la necesidad un trabajo conjunto y responsable de “psicólogos, juristas, comunicadores, personal sanitario o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. Al igual que Sánchez de Diego, lamenta que haya “muy pocos países que lo tengan tipificada esta lacra de forma específica”, pero, a su juicio, la imposición no es la fórmula magistral. “El Derecho funciona porque la mayoría de la gente lo cumple de manera voluntaria, el arraigo de una norma se produce cuando ésta se cumple sin coacción”. San Segundo justifica sus palabras en el hecho de que, en España, a pesar de contar con una reciente ley que lucha contra el maltrato, “el 100 por cien de la sociedad no está concienciado, por eso la ley ha tenido muchos envites, cuestiones de inconstitucionalidad, tribunales que lo cuestionan y jueces que lo condenan”. No obstante, la profesora y experta en Derecho consultada por EL IMPARCIAL considera que “la ley ha supuesto un salto” y se felicita por el “carácter pionero” español.

“Analicemos este titular: ‘Nuevo caso de violencia de género’”
Manuel Sánchez de Diego subraya el papel de los medios de comunicación. El lector, escuchante y televidente tiene por costumbre sufrir la temperatura que registra el termómetro mediático, y sólo unos contenidos responsables y un trabajo riguroso pueden evitar la incomprensión, la ignorancia o la perezosa y siempre peligrosa indiferencia. “Deberíamos preguntarnos si tal despliegue mediático y una represión legislativa como la que existe en nuestro país es eficaz para luchar contra la violencia de género. A la vista de las estadísticas, quizá la respuesta sea negativa. Se trataría de educar, más que reprimir”, opina el profesor.

Hoy día los medios “lo tratan, lo cual es importante”, a diferencia de la invisibilidad de los malos tratos en el seno de la familia de antaño, pero aún abundan las disfunciones. San Segundo propone un ejercicio, que consiste en analizar el titular “Un nuevo caso de violencia de género”, que podemos encontrar a menudo en cualquier periódico. En su opinión, éste “puede dar a entender que entre el nuevo caso y el último caso no ha ocurrido nada”, y se obvian insultos, vejaciones y puñetazos. “¿Tiene que morir una mujer para que los medios consideren que se ha producido un nuevo caso de violencia de género?”, se pregunta. Por último, San Segundo recuerda a Ana Orantes, mujer que abrió el camino al fin de la impunidad en España.

Ana Orantes Ruiz, de 60 años, falleció el día 17 de diciembre de 1997 en Cúllar Vega, Granada. Su ex marido, José Parejo Avivar, prendió fuego a su cuerpo después de rociarla con gasolina. Había prometido venganza tras verla en televisión narrando 40 años de pesadilla junto a él, y cumplió su palabra. José fue condenado a 17 años de prisión. A los seis, murió a causa de un infarto de miocardio.

La muerte de Ana Orantes apenas trece días después de contar en Canal Sur su caso de violencia contra la mujer marcó un precedente. Desde esa fecha se puso de manifiesto un problema sensible en el seno de la sociedad española, un mal enraizado. El asesinato fue el detonante para que el Gobierno anunciase la reforma del Código Penal en materia de violencia doméstica e instase a las víctimas a denunciar.

Los profesores consultados por este periódico citan la Educación y tampoco pasan por alto la necesaria responsabilidad de todos los profesionales sanitarios. Lejos de pensar que el problema tiene cercana su solución, es conveniente celebrar, al menos, los pasos adelante dados en España. Manuel Sánchez de Diego nos traslada por ello más de tres décadas atrás:

“Cuando era estudiante de Derecho, al final de los años setenta, asistí durante toda una tarde al trabajo de un Juez de Guardia. Allí los comentarios del Magistrado, del Fiscal e incluso de los agentes de Policía me permitieron aprender de una realidad jurídica que no se enseñaba en la facultad. Uno de los asuntos de aquella tarde fue precisamente el caso de un matrimonio joven. Los vecinos habían avisado a la Policía por los gritos y chillidos que procedían de la casa de los jóvenes. Al llegar la Policía pudieron comprobar que la mujer había sido golpeada. Trasladados al Juzgado de Guardia, ambos recriminaban a la Policía que hubieran intervenido. La mujer no quiso realizar ninguna denuncia, por lo que no prosperó el asunto. Al preguntar sobre este asunto al Magistrado –un excelente profesional con una dilatada carrera y una experiencia envidiable- contestó en el sentido de que en los asuntos domésticos el Estado no debía intervenir”.