Las ayudas de la Ley de Dependencia se retrasan hasta 15 meses

El calendario que marca el texto de la Ley de Dependencia dice que entre 2007 y 2015 tienen que estar atendidos todos los dependientes de este país, pero lo cierto es que recién empezado el año 2009 los usuarios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia están comprobando como los problemas de implantación de la ley están provocando notables retrasos.

Además, como ha reconocido la propia ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, "los cálculos de la Ley de Dependencia estaban desajustados". Tan es así que el número de grandes dependientes, los primeros en ser atendidos, ha superado las previsiones para 2020 y, sin embargo, el de dependientes severos se ha quedado corto.

De esta forma, las perspectivas que anticipaba el Libro Blanco sobre la Ley de Dependencia –documento que se elabora como paso previo a la elaboración de la ley– se han demostrado absolutamente equivocadas. Como fuere, 2009 va a ser crucial de cara al devenir del futuro de la ley por dos motivos: ya ha finalizado el desarrollo reglamentario de la ley y que las distintas comunidades autónomas cuentan con más dinero –400 millones de euros– para poder destinar a la atención de sus dependientes.

Entre 8 y 15 meses de retraso
El tiempo transcurrido entre la solicitud de la valoración del grado de dependencia y la resolución del expediente se encuentra en algunos casos entre los 8 y los 15 meses. Sucede que el plazo máximo por ley es de 6 meses.

Así consta en el último estudio realizado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, a través del Observatorio para el Desarrollo de la Ley de Dependencia, que destaca también la "tremenda complejidad del proceso para acceder a las prestaciones y servicios".

La carrera de obstáculos no es fácil: Tras la solicitud, la valoración, la resolución del grado y nivel llega la negociación del Programa Individual de Atención (PIA) y después, por fin, la resolución de acceso a servicios. Todo este proceso implica la intervención de diversos profesionales que proceden de diferentes Administraciones Públicas, algo que desorienta a los afectados y provoca los conocidos retrasos.

La mitad tarda en percibir las prestaciones
En este sentido, la OCU ha realizado un estudio en el que se analizan las reclamaciones efectuadas por los consumidores en relación a cómo se está llevando a cabo la gestión de las ayudas contempladas en la Ley de Dependencia.

De esta forma, la OCU también ha constatado que el tiempo medio de espera entre la fecha de solicitud para la valoración y la fecha de notificación de dicha valoración es de más de 8 meses. De este retraso se queja el 45 por ciento de los cerca de 800 encuestados por esta organización de consumidores. Por otro lado, el 50 por ciento se queja en los retrasos a la hora de percibir las prestaciones.

En definitiva, el temor de muchas personas que han solicitado ayudas para algún familiar dependiente es que lleguen cuando el titular de la prestación ya ha fallecido. De esto se ha librado de momento Dolors Soler, una anciana de 101 años que hace unos días denunció públicamente que la Generalitat le denegó una prestación por dependencia y le emplazó a que la volviera a solicitar en el año 2013.

Del estudio también se desprende que existen desigualdades territoriales en la aplicación de la Ley en función de la comunidad autónoma en la que se viva.

El informe ha sido puesto en conocimiento del Defensor del Pueblo para que lo tenga en consideración y analice en su caso si se está produciendo un deficiente funcionamiento de las administraciones públicas a la hora de conceder estas ayudas.

La "picaresca" de las prestaciones económicas
Por otra parte, otra de las circunstancias que se están produciendo desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia es la "picaresca" que surge a raíz de la prestación económica por cuidados familiares. Sobre todo cuando se sabe que el Gobierno destinará en 2009 a las Comunidades Autónomas 1.558 millones de euros para esta ley, lo que supone un 79 por ciento más que el año pasado.

Según datos del Ministerio de Educación Política Social y Deporte a fecha 1 de marzo de 2009, un total de 566.410 personas tienen derecho a recibir los beneficios de la Ley de Dependencia. De éstos, 151.291 personas reciben prestación económica por cuidados familiares, de los que 53.695 están dados de alta en la Seguridad Social.

También hay otras 21.022 personas que reciben una prestación económica vinculada al servicio y otras 432 que reciben otra prestación económica por asistente personal. Ante toda esta lista de prestaciones, la Junta de Andalucía está tomando medidas para que los familiares no saquen a los ancianos de las residencias en las que están ingresados desde hace años para poder cobrar ayudas económicas al amparo de la Ley de Dependencia.

Así lo dijo la consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, que considera que, "por lógica", la situación de ese anciano habrá empeorado unos años después de que su familia o él mismo decidiera ingresar en una residencia, por lo que están ateniéndose a lo que dictaminan los técnicos y no al deseo expresado por los familiares.