Menos del 20 por ciento de los porteros de discoteca de Madrid trabaja con acreditación

Apenas el 19 por ciento de los porteros de discoteca en activo de la Comunidad de Madrid cuenta a día de hoy con la correspondiente licencia que le acredita para trabajar como controlador de acceso. De los 8.000 “puertas” que se calcula que hay en la región, sólo 1.508 superaron todas las fases del examen establecido por el Gobierno de Esperanza Aguirre y obtuvieron el permiso obligatorio para ejercer su función desde abril.

Sin embargo, poco ha cambiado este mes. Las 600.000 personas que se mueven en Madrid cada fin de semana siguen expuestas a la misma inseguridad que hace cinco meses, cuando el joven Álvaro Ussía falleció a las puertas de la discoteca Balcón de Rosales por la paliza que recibió de sus porteros. Un suceso luctuoso que hizo que el Gobierno regional redactara a toda prisa el Decreto que regula a los controladores de acceso, aprobado el 29 de diciembre de 2008 y cuyo cumplimiento apenas se controla a día de hoy.

El portavoz de la Plataforma de empresarios por la calidad del ocio y el turismo de Madrid, Javier Zamora, ha reconocido, en declaraciones a EL IMPARCIAL, que “no se va a despedir a nadie por más que se empeñe el señor consejero (del Interior, Francisco Granados), porque los porteros desempeñan una función imprescindible”.

Tampoco la Asociación Nacional de Porteros Profesionales tiene constancia de que ninguno de los “puertas” que no ha conseguido aún su acreditación haya perdido su empleo. Su presidente, Rafael de Castro, ha confirmado a este periódico que “no ha habido despidos, sino reestructuraciones, de modo que les están dando vacaciones hasta que aprueben el examen o los amortizan en otras tareas”.

En cualquier caso, tanto empresarios como trabajadores han manifestado su escepticismo ante la efectividad del Decreto de la Comunidad de Madrid. Para Javier Zamora, “la acreditación sólo verifica el conocimiento de la normativa y que se carece de antecedentes penales, pero no la profesionalidad”.

Sin sanciones por el momento
La nueva norma autonómica establece que “para ejercer la actividad de control de acceso se exigirá disponer del correspondiente certificado acreditativo en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor del Decreto”, es decir, a partir del 1 de abril.

Sin embargo, hasta la fecha, en la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid no tienen constancia de ninguna denuncia por infracción de la normativa que regula la actividad de control de acceso a espectáculos públicos y actividades recreativas.

Pese a que en la actualidad más del 80 por ciento de los porteros de discoteca trabajan al margen de la legalidad, la Guardia Civil y la Policía Local, que ostentan la competencia para hacer las inspecciones en esta materia, no han derivado ninguna actuación al Ejecutivo autonómico, según han informado a EL IMPARCIAL fuentes del Gobierno regional.

Las sanciones, en caso de que las fuerzas de orden público detectaran a alguno de los 6.500 “puertas” que trabajan sin carné, ascienden a 30.000 euros y podrían acarrear, incluso, el cierre definitivo del negocio.

Para facilitar que todos los locales puedan contar con personal legalmente reconocido, la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior ha convocado una nueva prueba para el próximo 13 de junio, de modo que no habrá un único examen al año, tal y como se había dispuesto en principio.

Picaresca para cumplir la normativa
La nueva convocatoria de las pruebas responde a la demanda de los empresarios de la noche madrileña, quienes consideran que el sector está atravesando una “fase transitoria” hasta que todos los porteros obtengan su acreditación.

Mientras tanto, según su portavoz, Javier Zamora, “se está cumpliendo la norma como se puede”.

Muchos locales han recurrido a la picaresca para evitar una posible sanción y se agarran a que “no todos los que están en la puerta de un local son controladores de acceso”. Así, según Zamora, una discoteca puede tener cuatro personas en la entrada, pero sólo uno de ellos, debidamente acreditado, es el que ejerce las funciones de controlador.

“Puede haber gente en la puerta vendiendo entradas y para ello no tienen por qué estar acreditados”, de modo que el Gobierno regional no les podría sancionar, según Zamora, “puesto que no están impidiendo el acceso a nadie”. Otros se limitan a recordar a los menores que no pueden entrar y, en caso de que éstos no desistan en su empeño, llamar a la Policía, que es lo único a lo que están autorizados al no disponer de licencia para ejercer como porteros y negarles la entrada.