Perú: creer en la justicia
Lucía Nieto
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lnietoelimparciales/7/1/7/19
martes 21 de abril de 2009, 20:44h
Enarbolando un supuesto noble fin, en las últimas dos décadas del siglo XX se emprenden en Perú dos caminos errados permeados por el terror y la violencia. Un camino desde la legalidad y en democracia, en el que fueron usados como instrumento de política y, el otro, desde la clandestinidad como mecanismos de presión al Estado.
Alberto Fujimori, presidente del Perú entre los años 1990 y 2000, focalizó sus acciones de gobierno en dos frentes: la política económica y la lucha contra el terrorismo, esta última a través de una política de guerra sucia como respuesta a la subversión. Abimael Guzmán, líder del movimiento guerrillero peruano Sendero Luminoso, abogó por la implantación de un régimen marxista a través de la lucha armada y, actuando desde la clandestinidad entre 1980 y 1992, realizó brutales atentados llegando a ejecutar matanzas contra la población civil. Al traducir esto en cifras tenemos que entre 1980 y 1992, producto de la guerra interna que se desarrolló en Perú murieron unas 69 mil personas, el 54% de esas muertes se atribuye a Sendero y el resto se lo reparten por partes iguales el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y las Fuerzas Armadas.
Alberto Fujimori en noviembre del 2000, a sólo seis meses de su segunda reelección para su tercer periodo presidencial, aprovecha una cumbre del Foro Asia Pacífico para refugiarse en Japón desde donde manda por fax su carta de renuncia a la Presidencia del Perú. En noviembre de 2005 viaja a Chile y es arrestado y extraditado a Perú en septiembre de 2007 para ser juzgado, el juicio por derechos humanos empezó en diciembre de 2007 y la condena llega 14 meses después, en abril de 2009.
Guzmán es privado de la libertad en el año 1992, al año siguiente, fue condenado a cadena perpetua por un tribunal militar por jueces sin rostro por "delito de terrorismo y traición a la patria" en un juicio que duro tres días. En el 2003 el Tribunal Constitucional del Perú invalida la sentencia de Guzmán al encontrar que no se ajusta a la constitución iniciándose nuevo juicio en su contra en el 2004, pero dos de los tres integrantes del tribunal se recusan y el juicio se paraliza. Finalmente, en septiembre del 2005 se comienza un nuevo juicio que finaliza en el 2006 con la sentencia condenatoria.
Es así como en menos de una década la justicia peruana emite dos condenas ejemplarizantes. En octubre de 2006 la Sala Penal Nacional Antiterrorista del Perú condena a cadena perpetua a Abimael Guzmán, por delitos de terrorismo agravado y homicidio calificado. El 7 de abril de 2009 la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia peruana condena a 25 años de prisión a Alberto Fujimori (70 años) como autor mediato de homicidio calificado, lesiones graves y de secuestro agravado por trato cruel, todos estos delitos fueron calificados como crímenes de estado y los dos primeros como crímenes de lesa humanidad.
Lecciones para aprender, ejemplos a seguir, espejos en los que mirarse. No importa desde donde o en nombre de que, se ejecuten la violencia y el terror, estos siguen siendo violencia y terror, pero la justicia existe y en ella se puede creer, esto nos lo confirma el caso peruano que, además, nos muestra cómo un tribunal eminentemente nacional puede juzgar a un guerrillero y a un ex jefe de estado con todas las garantías.
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Investigadora de la Fundación Ortega y Gasset
Lucía Nieto es investigadora de la Fundación Ortega y Gasset.
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