En 2008, los ingresos sociales de la SGAE alcanzaron los 333,9 millones de euros. El mayor beneficio lo obtuvo de la radiodifusión -132,6 millones-, seguido de los ingresos percibidos por música grabada, ocio nocturno, receptores de televisión y exhibición cinematográfica -75 millones de euros-. Los conciertos y los musicales aportaron a la entidad un beneficio de 45 millones de euros. El resto lo obtuvo a través de redes digitales, copia privada y gestión internacional.
La sociedad, sin ánimo de lucro, se define como “una entidad de gestión colectiva dedicada a la defensa y gestión de los derechos de propiedad intelectual de sus más de 90.000 socios”. Y lo cierto es que cumple con el propósito. Aplica tarifas a decenas de lugares públicos, transportes o establecimientos en los que, de una manera u otra, se hace uso de obras que generan derechos de autor, tanto musicales como audiovisuales. Así, bingos, centralitas telefónicas con líneas de espera, aparcamientos, estaciones de transportes, piscinas, hospitales, “sex shops” o boleras pasan por caja siempre que utilicen el repertorio que protege.
Por boda, bautizo o comunión cobra 118 euros al empresario del recinto donde se celebre el acto, siempre que los comensales no excedan de 75. Percibe de un bingo desde 12,91 euros a 154 euros, según el aforo de jugadores y los días que permanezca abierto. En una bolera, la tarifa varía según el número de pistas, mientras en una piscina el precio de la entrada en días laborables define el importe a aplicar. Pero el procedimiento más usual lo determina los metros cuadrados del recinto. Es el caso de los supermercados, aparcamientos, recintos feriales, pabellones deportivos, cafeterías, salas de fiesta u hospitales.
Después de conciertos, espectáculos y ferias, los hoteles, los establecimientos de hostelería y los transportes acaparan su mayor atención. Pero además de estos escenarios, reserva varios epígrafes en sus cuentas para los intermedios musicales en salas de cines, las líneas de espera en centralitas telefónicas, los “sex shops”, los pases de modelos, las sardanas o los desfiles de moros y cristianos.
La política tampoco se libra del yugo de la SGAE. La música y reproducciones audiovisuales en mítines y actos políticos también están controladas. Su tarifa, que depende del número de espectadores congregados, varía desde un mínimo de 92,41 euros hasta un máximo de 147,89 euros.
En ocasiones, la SGAE cede, pese a las afirmaciones de esta semana del PP que la tachaban de “poco humana”. Dos ejemplos: las entidades culturales sin ánimo de lucro gozan de una rebaja y los actos que no superen el 5 por ciento del aforo - con un límite máximo de 1.000 invitaciones- “no computan para el cálculo de los derechos de autor”. Es decir, que si de mil personas acuden 50, la entidad perdona el cobro.
A pesar de estas ligeras concesiones, son más las imposiciones, siempre apoyadas por la entidad en la Ley de Propiedad Intelectual. Una circunstancia que no impide que su "modus operandi" sea puesto en entredicho. A la impopular iniciativa del canon digital, aplicado a reproductores y soportes, se une una gestión que ha sido tachada de "inmoderada", y que invita a la confusión. Conscientes o no de ello, cabe preguntarse hasta qué punto el ciudadano está notando en su bolsillo que los derechos de autor estén debidamente regulados.
¿Es posible una revisión de este tipo de gestión? El diputado del PP por Almería, Rafael Hernando, lo dejó claro esta semana. “Ha llegado el momento de replantearse la legislación de la SGAE”, afirmó. Algo que no comparte Teddy Bautista, presidente de la entidad, que apela a la legalidad vigente para apoyar las actuaciones de la entidad. Impopular o no, la SGAE continúa haciéndose de oro pese a haber reducido sus beneficios en un año un 11,5 por ciento.
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