Sobre las medidas del Gobierno contra la crisis

José –nombre ficticio- tiene un restaurante que da trabajo a ocho personas: cinco camareros, un cocinero y dos ayudantes. Antes tenía otro restaurante con otros cinco empelados, pero ha tenido que cerrarlo por la crisis. Ahora, en el negocio que le queda, se dedica a servir comidas con menú diario y tiene una carta breve pero bien servida y mejor preparada. Quien quiera comer bien y a un precio ajustado, terminará sentado a su mesa.

Bueno, terminará si la ofensiva del Gobierno contra los empresarios –en especial contra los pequeños y medianos- fracasa y La Moncloa entra en razón. Cada día que pasa esta posibilidad se aleja más y más.

El paquete de medidas propuesto por el Presidente en el Debate sobre el Estado de la Nación sólo podía desalentar a los pequeños empresarios y a los autónomos. Es cierto que comprendía una rebaja del Impuesto de Sociedades pero esto es claramente insuficiente. El debate de fondo es mucho mayor y tiene que ver con los problemas estructurales de la economía española: la productividad, la competitividad, la presión fiscal, el mercado de trabajo. También tiene que ver con un modo de vida que propicia el endeudamiento por encima de las propias capacidades: ¿es que nadie sabía las consecuencias de contratar préstamos hipotecarios? ¿Es que nadie entendía que los préstamos hay que devolverlos y que el gasto público lo pagamos todos los ciudadanos?

El Presidente dice que los trabajadores no pagarán la crisis porque ellos no la han creado; ahora bien, ¿la crearon los autónomos y los pequeños empresarios? ¿La crearon los constructores y promotores honrados o los especuladores irresponsables fuera cual fuera su negocio? Por lo pronto, el Gobierno no quiere ni oír hablar de modificar las condiciones del mercado de trabajo tal y como han propuesto las organizaciones empresariales a pesar de que se respetarían, en todo caso, las condiciones laborales de los contratos ya existentes.

Las medidas relativas a la deducción por vivienda y las ayudas al sector del automóvil han logrado sembrar la incertidumbre entre los ahorradores y detener la bajada del precio de la vivienda al igual que frenar la venta de coches, ¿quién va a precipitarse a comprarlo sin saber de cuánto dinero será la ayuda?

Es cierto que hay otras políticas. La Comunidad de Madrid ya ha reaccionado incrementando en un 20% la deducción por la adquisición de vivienda habitual, que es del 15%. El 5% del tramo autonómico que corresponde a la deducción (el 10% restante corresponde al Estado) pasará a ser un 6% que se mantendrá aunque el Gobierno elimine la deducción del tramo del Estado. Además, se ha suprimido el recargo autonómico sobre el IAE y la Comunidad pagará el 20% del impuesto de matriculación a quien adquiera un vehículo en la Comunidad de Madrid.

El debate, pues, es de principios y no sólo de gestión. La mejor política social es la creación de empleo estable, sí, pero también sostenible y productivo. A veces, parece que los empresarios quisieran estar cambiando continuamente a los trabajadores como si no les beneficiase retener el talento (¿radicará aquí el debate, en el talento y su remuneración?). La bajada de impuestos y la contención del gasto público innecesario son condiciones necesarias para afrontar la crisis. Deben acometerse medidas estructurales y profundas. Debe haber un cambio social.

He aquí el problema: los españoles deben decidir si quieren salir fortalecidos de la crisis o tan maltrechos y endeudados que la recuperación se prolongue años. Debemos optar por los valores sociales de responsabilidad, austeridad y libertad o seguir por la senda de la subvención, el intervencionismo y el endeudamiento.

Los poderes públicos pueden –y deben- utilizar los fondos públicos para paliar las situaciones más graves. Todo el mundo coincide en esto. Sin embargo, España no puede convertirse en un país de subsidiados como el propio Ministro Corbacho reconocía. Por eso es necesario atender a otra dimensión de la actividad política: la creación de condiciones que propicien la generación de riqueza y el desarrollo en libertad de los ciudadanos.

Mi amigo José no quiere subvenciones ni subsidios. No quiere soluciones parciales ni quiere despedir a sus empleados, que trabajan tan duro como él.

Mi amigo sólo está pidiendo que el Gobierno deje de ser parte del problema y empiece a ser parte de la solución. Debo añadir que, por el momento, mi amigo está bastante desanimado