¿Está seguro de que sus joyas no están manchadas de sangre?

Algo tan elegante y pequeño como un diamante puede ser fuente de riqueza o contribuir a la desestabilización de un país. Las piedras preciosas adquiridas en España proceden en su mayoría de África, donde numerosos grupos de rebeldes controlan su extracción y las utilizan para perpetuar conflictos que pretenden tumbar a los Ejecutivos legalmente establecidos.

Sin embargo, los joyeros españoles defienden la licitud de sus diamantes y se justifican en el hecho de que sólo importan piezas talladas. "Los diamantes de conflicto son diamantes en bruto, tal y como los define la legislación vigente", ha aclarado a EL IMPARCIAL la directora de la Asociación Española de Joyeros, Plateros y Relojeros, Giovanna Tagliavia.

En concreto, el Sistema Internacional de Certificación del Proceso de Kimberley, que pretende excluir del mercado a los denominados "diamantes de sangre" (del inglés blood diamonds), define en la Sección I los "diamantes de conflicto" como "diamantes en bruto utilizados por movimientos rebeldes o sus aliados para financiar conflictos con el objetivo de minar Gobiernos legítimos".

Asimismo, Tagliavia ha puntualizado que "el tique de caja o factura es la garantía del camino de cualquier pieza de joyería, de su origen y, por tanto, de los diamantes que en ella se integran".

No obstante, según un estudio realizado por Amnistía Internacional (AI), "sólo uno de cada seis joyeros españoles entrega siempre al comprador un certificado sobre la procedencia de los diamantes" que venden.

Fronteras-coladero
Precisamente, España es uno de los países donde "los controles de entrada de diamantes no son lo suficientemente estrictos", según la activista de Global Witness, Annie Dunnebacke.

Esta ONG denuncia que en aquellos Estados donde se encuentran las autoridades comunitarias para la importación de diamantes (Reino Unido, Bélgica y Alemania) la vigilancia es exhaustiva, mientras que en países como España las inspecciones flaquean, "especialmente en los puertos marítimos", porque "no se prevé la entrada de diamantes en bruto".

Sólo tres entradas a la Unión Europea
El Proceso de Kimberley establece que, además del certificado a prueba de falsificaciones, expedido y validado por las autoridades competentes que debe acompañar a los diamantes "lícitos" desde su origen, los países importadores deben llevar a cabo una serie de comprobaciones y controles adicionales.

Con esta misión, la Comisión Europea designó como autoridades comunitarias para la realización de dichos trámites a las de Reino Unido, Bélgica y Alemania.

Así, cuando un diamante en bruto atraviesa las fronteras de la Unión Europea, debería pasar obligatoriamente por una de estas "aduanas" específicas antes de llegar a su destino final, ha aclarado Dunnebacke.

Sin embargo, el sistema presenta algunas deficiencias debido a las características propias de la materia prima. "El tamaño de un diamante permite que pueda ser objeto de contrabando escondido, por ejemplo, en un bolsillo", ha añadido la activista de Global Witness. "Y una vez que cruzan la frontera y saltan los controles, los diamantes ilegales pueden moverse libremente por la zona Schengen", ha criticado.

Todo ello demuestra, según Amnistía Internacional, que "no siempre se puede asegurar que los diamantes a la venta no han servido para financiar conflictos y que tanto los gobiernos como el sector del diamante deben reforzar los compromisos asumidos en virtud del Proceso de Kimberley a lo largo de toda la cadena: desde la extracción de la piedra hasta su venta en las joyerías".

Cifras optimistas
En cualquier caso, en los últimos años, el esfuerzo conjunto de los gobiernos, la industria y la sociedad civil ha conseguido reducir de forma drástica el flujo de los "diamantes de sangre". En concreto, estas gemas constituyen en la actualidad el uno por ciento del comercio internacional frente al 15 por ciento registrado en los años 90, según cifras oficiales.

Junto a esta reducción, el Sistema Internacional de Certificación del Proceso de Kimberley ha contribuido a la estabilización de gobiernos frágiles y al desarrollo de países empobrecidos. Así ha ocurrido, por ejemplo, en Sierra Leona, donde la exportación legal de diamantes superó los 178 millones de euros en 2006 frente a los casi nulos ingresos a finales de la década de los 90.