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Tras la denuncia de la asociación saharaui ASADEDH, que los acusa de genocidio

Garzón acepta una querella contra cargos del Frente Polisario por torturas

martes 30 de junio de 2009, 18:11h
El conflicto del Sahara Occidental, que opone al Gobierno de Marruecos y el Frente Polisario acerca de la soberanía de la excolonia española, se perpetúa desde hace tres décadas y media. El diplomático norteamericano Christofer Ross, designado por el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, para acercar posiciones de las partes en conflicto, se encuentra de gira en la región.
Además de las posiciones tradicionales de los contendientes, soberanía para Marruecos con opción a una autonomnía interna e independencia para el Polisario, un nuevo parámetro ha irrumpido en el conflicto del Sahara Occidental: las víctimas de la represión, por desapariciones y torturas, diseminadas a ambos lados de la trinchera. Mientras que las asociaciones solidarias con el Polisario denuncian las graves violaciones cometidas por las fuerzas policiales marroquíes contra decenas de jóvenes saharauis en el territorio del Sahara (Laayún, Smara, Bojador) y en los campus universitarios marroquíes contra estudiantes originarios de la región, la Asociación Saharaui de Defensa de los Derechos Humanos (Asadedh ) hace lo propio sobre las víctimas civiles en los campos de refugiados de Tinduf (Argelia), administrados por el Frente Polisario.

La novedad es que el juez Baltasar Garzón ha admitido a trámite una denuncia interpuesta por Asadedh contra 24 altos cargos del Polisario y 3 miembros de la seguridad argelina, a quienes acusa de genocidio y crímenes de lesa humanidad. En efecto, el 5 de junio pasado el magistrado del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, dictó un auto aceptando la denuncia. El juez señaló que “existen indicios que pueden apoyar la querella” a la que que se puede aplicar el principio de Justicia universal y, en consecuencia, se propone formar “una comisión rogatoria” para tramitarla. Si bien, el auto de acusación no es definitivo ya que habrá que esperar los resultados de dicha comisión.

Tres semanas después, el jueves 25 de junio, el Parlamento español adoptó un proyecto de Ley acerca de la modalidad de aplicación del concepto de Justicia universal en españa, que atañe precisamente al auto dictado por el juez Garzón.

EL IMPARCIAL ha preguntado al abogado de la parte querellante, José Manuel Romero González, sobre los cambios introducidos por la nueva legislación. “La Ley exige en primer lugar que los supuestos crímenes afecten a españoles, lo que es el caso, ya que la mayoría de las víctimas o eran españolas o descendientes de españoles, o aptos a demandar la nacionalidad”. En segundo lugar, la nueva Ley exige que exista un “vínculo con España” del caso, lo que es evidente ya que el Sahara Occidental fue colonia e, incluso, provincia española. Y en tercer lugar, que los supuestos responsables de dichos crímenes residan en España o lo hayan hecho en el pasado inmediato, lo que también está probado.

Dado que el menos uno e, incluso, los tres supuestos se cumplen, el abogado de ASADEDH se muestra optimista en cuanto al trámite de la querella, “que cumplirá con las expectativas de las víctimas”.

La denuncia fue presentada en diciembre de 2007 en la Audiencia Nacional y aceptada con el número 1/2008 por crímenes contra la humanidad y genocidio. La asociación saharaui ha identificado 161 casos de desaparecidos, de los cuales 76 víctimas han completado un expediente con informes periciales y forenses.

“Nosotros no hacemos un juicio político”, dijo a EL IMPARCIAL Mesaud Ramdan, presidente de la Asadedh. “No es contra el Polisario como tal, sino contra algunos de sus responsables”, añade. “Por ejemplo, en la querella están mencionados Brahim Ghali, ex representante del Polisario en España, Luchaa Ubeid, ex representante en Las Palmas, Mahfud Ali Beiba y Mohamed Haddad, dos de los negociadores del Polisario en el conflicto, y dirigentes como Bachir Mustafá Sayed y Mohamed Lamine, pero no está ni el secretario general del Frente, Mohamed Abdelaziz, ni dirigentes de la talla de Omar Mansur, Ahmed Bujari y tantos otros, que no tienen manchadas las manos de sangre”.

“Ha habido víctimas civiles en ambos lados”, afirma, por su parte, Dahi Iguai, de la Asociación de saharauis Desparecidos, “pero hay que reconocer que al menos Marruecos ha tenido la valentía y lo ha reconocido, indemnizando a centenares de víctimas de la represión”. “Es lo que le pedimos al Polisario, que sea valiente y lo reconozca”.

Hace unos meses, a su paso por Madrid, el ministro saharaui de Justicia, Abdelkader Hamada Selma, reconoció ante este corresponsal que en las cárceles del Polisario “se cometieron desmanes y atropellos a los derechos humanos”. La dirección del Frente Polisario no se ha pronunciado sobre el auto aprobado por el juez Garzón. Sin embargo, su representante en París, Omar Mansur, admite que “en cualquier revolución siempre ha habido excesos”.

La denuncia en manos de la Justicia española llevará, sin embargo, tiempo. La Comisión rogatoria, formada a petición del magistrado Baltasar Garzón, enviará citaciones al Gobierno argelino, al Frente Polisario y al marroquí, a resultas de las cuales decidirá si continúa o no con el procedimiento, suprimiendo nombres de los denunciados o bien ampliando su número.

Desde las filas de las asociaciones de víctimas se estima que este proceso puede contribuir a que “la opinión pública española tenga una visión más clara sobre el proceso de descolonización del Sahara”, y supere la posición parcial que adopta en estos momentos de apoyo incondicional a una de las partes.

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