Cataluña aprueba una Ley de Educación que elude la tercera hora de castellano

La Ley de Educación de Cataluña (LEC) dibuja un nuevo modelo de escuela catalana que blinda la inmersión lingüística, da más autonomía a los centros educativos y amplía los conciertos con el sector privado, además de fijar como objetivo dedicar a la educación el 6% del PIB en ocho años.

La norma, que este miércoles ha recibido la luz verde definitiva del pleno del Parlamento, crea el Servicio de Educación de Cataluña, integrado tanto por los centros públicos como por los privados concertados, a los que otorga derechos y deberes análogos.

En el ámbito de la escuela pública, se refuerza el poder de las direcciones y se dota de más autonomía a los centros en el terreno organizativo, pedagógico y de gestión de recursos humanos y materiales, una de las novedades más cuestionadas por los sindicatos de docentes, que se han opuesto con contundencia a la ley.

Para asegurar la gratuidad de la educación, la ley prevé que los centros concertados reciban una financiación suficiente y prohíbe expresamente que se imponga a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones de cualquier tipo.

Uno de los puntos más polémicos de la ley es su ambigüedad respecto a los conciertos de los que disfrutan los centros que separan a los niños por razón de sexo, y que suelen corresponderse con centros de elite, ya que, de hecho, la norma permite que éstos se mantengan si así lo decide el gobierno de turno.

Este es uno de los aspectos de la ley que ha llevado a ICV a quedarse fuera del acuerdo global al que han llegado PSC, ERC y CiU, además de la puerta que abre la norma a la ampliación de los conciertos a los niveles educativos no obligatorios, como el bachillerato, la FP y la etapa de guardería.

En el terreno de la financiación, la LEC, la primera ley de educación de la que se dota Cataluña, fija como objetivo que en ocho años el gobierno catalán tendrá que invertir en educación el 6% del PIB, frente al 2,7% actual, lo que significa pasar de los más de 6.000 millones de euros de ahora a 13.000 millones.

Con el objetivo de combatir la creación de escuelas "guetos" debido a la alta concentración de inmigrantes, la ley prevé que la administración establecerá la proporción máxima de alumnos con necesidades específicas que pueden ser escolarizados en cada centro en el momento del acceso a los niveles iniciales de cada etapa.

Además, el departamento de Educación podrá autorizar, de manera excepcional, una reducción de las ratios de hasta el 10 por ciento para atender mejor las necesidades de estos alumnos, que en muchos casos se incorporan a las aulas una vez iniciado el curso.

La ley también dibuja un marco laboral nuevo en el que desarrollarán su trabajo los docentes y crea un cuerpo propio de la Generalitat de maestros y profesores, a los que se pedirá que, además de dominar el catalán y el castellano, acrediten un nivel de lenguas extranjeras determinado para poder ejercer en la pública.

Asimismo, establece una agencia de evaluación que examinará tanto el rendimiento educativo como la ejecución docente del profesorado y la de la función directiva, y crea la carrera profesional de los docentes.

En los centros públicos ubicados en zonas social y económicamente desfavorecidas, el gobierno podrá establecer un sistema de provisión de lugares de trabajo y de dirección de carácter extraordinario.

Respecto a la inmersión lingüística en catalán, la norma blinda y promueve este procedimiento, al tiempo que establece que los padres podrán optar en el momento de la matrícula por instar a que sus hijos reciban atención lingüística individualizada en castellano.

Sin el apoyo de PP ni C's
La vocación de la LEC y la forma como se ha negociado con CiU hace que este texto se prevea como el marco duradero de la enseñanza catalana a lo largo de unos 15 ó 20 años, y se basa en la autonomía de las escuelas en la construcción de su proyecto educativo y en el control de calidad por parte de la Administración.

Pero, además de su importancia para el sistema educativo, la normativa ha provocado discrepancias en el tripartito, ya desde su aprobación en el Consejo Ejecutivo. De hecho, PSC y ERC votaron hoy en contra de las enmiendas de ICV-EUiA y de los votos particulares.

Los ecosocialistas votaron en contra de los títulos IV y XII, referentes al Servicio Educativo de Cataluña y a la financiación de las escuelas de titularidad privada sostenidas con fondos públicos. Además, se abstuvieron en el preámbulo y votaron en contra de algunos artículos y dos disposiciones adicionales. El PP rechazó la ley por completo y C's en su mayor parte.

Durante el pleno, el consejero de Educación, Ernest Maragall, explicó que la ley aportará un modelo "abierto y diverso como los catalanes", que defenderá la equidad en las aulas. Avanzó que el despliegue será "pleno, garante y sereno".

Para la diputada de CiU Irene Rigau, la LEC "quiere servir al conjunto de la escuela catalana", e insistió en que su grupo ha querido primar los intereses de Cataluña.

El diputado de ERC Josep Maria Freixanet destacó que la norma facilitará el conocimiento de la lengua catalana y el sentimiento de pertenencia a Cataluña. Pero criticó que en la tramitación del texto la contestación social ha confundido la ley con una "poco afortunada" política educativa del departamento.

Dolors Camats (ICV-EUiA) manifestó duramente su rechazo a la "columna vertebral" de la ley enseñando una foto de la firma del Pacto Nacional por la Educación, y auguró que la escuela pública se convertirá en la "subsidiaria" de las privadas. Afirmó que la LEC tiene el "dudoso honor" de ser la primera del Estado que concierta los centros que separan niños y niñas.

"Lo primero que produjo esta ley fue romper el tripartito", dijo el diputado del PP Rafael López, quien apuntó que la norma no tiene consenso, y la definió como una ley de "coche oficial, moqueta y oficina en lugar de una ley de escuela y de patio".

Antonio Robles (Grupo Mixto) apuntó que la LEC sólo servirá para educar en el espíritu nacional a las generaciones venideras con el "talibanismo lingüístico", y lamentó: "Servirá para garantizar los privilegios a unos catalanes y despojar de derechos a otros".