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La falta de criterios de ponderación iguales y objetivos dificulta el acuerdo

Cuenta atrás para cerrar una financiación autonómica que aún no convence a nadie

domingo 05 de julio de 2009, 18:24h
El pasado 26 de junio en Barcelona Zapatero aseguró que el acuerdo en torno a la nueva financiación autonómica era cuestión “de días o semanas”. El presidente quiere que la reforma esté lista para el 15 de julio cuando se reúna el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Sus dos vicepresidentes de Política Territorial y de Economía se han puesto manos a la obra pero pecan de descoordinación. Sin criterios objetivos claros el camino para establecer un sistema justo y coherente se hace, según los expertos consultados, cuesta arriba.
Por Blanca de Ugarte
El pasado 25 de junio el vicepresidente territorial del Gobierno, Manuel Chaves, anunció en el Senado y ante los representantes autonómicos el inicio de una nueva ronda de contactos con las comunidades para cerrar, de una vez por todas, el nuevo modelo de financiación autonómica. El ministro afirmó, como el presidente, que el 15 de julio, cuando se reúna el Consejo de Política Fiscal y Financiera, estará listo el nuevo y ansiado modelo de financiación. Se cerraría así una discusión que dura ya más de tres años.

A lo largo de las últimas dos semanas hemos visto a Chaves y a Salgado recorrer cada uno por su lado la vasta geografía española en busca de acuerdos bilaterales con las comunidades autónomas. Pero, mientras uno hace y promete el oro y el moro, la vicepresidenta segunda y ministra de Economía deshace. Así ha ocurrido en Galicia y en tantas otras comunidades. Primero Chaves acuerda con Feijóo incluir el envejecimiento y la dispersión poblacional como criterios de ponderación y, dos días más tarde, durante la segunda parte del partido, Salgado rechaza esta petición. Las promesas de Chaves se convierten en papel mojado cuando interviene Salgado con su cartera, aquella que realmente distribuye los dineros.

Según el experto economista José Barea, es imposible lograr un acuerdo si no se fijan previamente los mismos criterios de poderación para todas las comunidades. Por lo tanto, mal vamos si el Gobierno emplea diferentes en cada autonomía, o lo que es peor, “criterios subjetivos” en los que se tienen en cuenta intereses y afinidades políticas.

La variable básica para determinar las necesidades de gasto, explica Barea, no debe ser otra que la población. Es necesario tener en cuenta sus características demográficas: densidad, volumen de inmigración, dimensión de los núcleos urbanos, dispersión a lo largo del territorio y población en situación de exclusión social… Estos factores determinarán el coste de los servicios sanitarios, educativos y demás prestaciones que precisa la sociedad. La Constitución dicta el principio de igualdad de todos los españoles en el acceso a los servicios públicos siempre teniendo en cuenta el esfuerzo fiscal y la capacidad de gestión.

La filosofía del actual sistema de financiación respeta los dos preceptos constitucionales básicos en esta materia: la igualdad y la solidaridad. Por ello, otro de los expertos consultados por este periódico, el catedrático de Derecho Tributario de la Universidad de Navarra Eugenio Simón Acosta, coincide con Barea al afirmar que el actual sistema de financiación no es malo pero debe incorporar mecanismos de actualización permanente para atender a las variaciones de demográficas de las comunidades autónomas.

Sin embargo, la reforma del sistema de financiación se ha visto seriamente alterada tras la aprobación en las Cortes del Estatuto de Cataluña. En el último observatorio económico de FAES, los analistas afirmaron que “las disposiciones del nuevo Estatuto suponen un peligro para el principio de igualdad de los españoles, puesto que pretenden restringir la solidaridad interterritorial a los servicios públicos esenciales y que se limite la redistribución territorial”.

Por su parte, el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco, Ignacio Zubiri, afirma en un estudio reciente elaborado para la Fundación de Cajas de Ahorros (FUNCAS) que “carece de sentido económico” que los estatutos de autonomía establezcan la inversión del Estado, algo que resulta “más absurdo aún” cuando la suma de los porcentajes comprometidos en estos textos podría rebasar el cien por cien.

Por todo ello, tanto Barea, Simón Acosta como Zubiri consideran necesario alcanzar un pacto de estado entre los principales partidos políticos que centre la reforma del sistema de financiación en el uso de una fórmula objetiva de reparto de fondos. Sin embargo, esto queda muy lejos de la realidad.

A pesar de que en la primera comparecencia de Chaves en el Senado como vicepresidente de política territorial los líderes autonómicos solicitaran la celebración de un conferencia de presidentes, el ministro de momento no ha movido ni un dedo para reunirlos a todos. No interesa. El Gobierno de Zapatero considera mejor verse por separado y llegar a los acuerdos de forma bilateral. De esta manera será muy complicado resolver el rompecabezas de la financiación y lograr un sistema coherente y justo.

La solución tarda en llegar. Los expertos la ven imposible mientras el Gobierno se empeñe en no fijar estos criterios y se mantenga en la ambigüedad de los acuerdos bilaterales. “Zapatero no puede dar a todos lo que quieren, y más con el déficit y la crisis que padece España. Si el gasto se dispara más todavía nos encontraríamos ante una bancarrota sin salida”, augura Barea.

Esta misma semana, el presidente del Gobierno se mostró menos optimista al respecto. “Aún no podemos decir que estemos en el final del trayecto”, afirmó. Un final fijado por él mismo para el 15 de julio y que parece muy difícil de alcanzar.


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