Los “agujeros negros” de la seguridad democrática en Colombia (1)

Importante la decisión que ha tomado el Fiscal General de la Nación, al llamar a indagatoria a cuatro ex directores del DAS y a otros 30 funcionarios que manejaron temas de inteligencia en esa entidad en los últimos cinco años. Es la primera respuesta institucional, luego de las investigaciones hechas como consecuencia de las denuncias de la Revista Semana, en el sentido que Magistrados de la Corte Suprema, periodistas, dirigentes políticos de oposición, generales de la República, fiscales, y hasta algunos miembros del alto gobierno (con los que el Presidente Uribe ha tenido serias discrepancias públicas) estaban siendo objeto de seguimientos e interceptaciones ilegales por parte de funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), entidad de inteligencia al servicio del Presidente de la República.

Las denuncias en este sentido se habían venido ventilando en los medios de comunicación desde mediados de 2004, cuando dirigentes del opositor Polo Democrático le pedían al gobierno garantías pues estaban siendo objeto de seguimientos e interceptaciones por parte de los organismos de seguridad del Estado.

En la medida en que más denuncias fueron apareciendo y los hechos comenzaron a ser probados, el gobierno buscó defenderse diciendo que se trataba de una mafia que amenaza la seguridad nacional, en tanto que sectores afines al gobierno trataban de explicar la situación argumentando que “el desorden que impera en el DAS no sólo ha sido capitalizado por algunos miembros del alto gobierno para 'pedir favores' de carácter político. Las organizaciones criminales como los narcos, los paramilitares o la guerrilla también han encontrado allí una fuente valiosísima de información que se vende al mejor postor”. Más recientemente, el gobierno se había arriesgado a ir más allá. Ante las demandas de explicaciones por los hechos, que le hacían los magistrados de las Altas Cortes al Presidente, el Director del DAS no tuvo problema en decir que las autoridades judiciales no habían encontrado pruebas de las ilegalidades.

Sin embargo, hasta el momento la Fiscalía ha encontrado indicios de por menos siete delitos en el DAS: violación ilícita de comunicaciones, concierto para delinquir, uso indebido de equipos de inteligencia, falsedad ideológica en documento público, destrucción y supresión de documentos, fraude procesal y abuso de autoridad.

El hecho de que la Fiscalía haya llamado a indagatoria a los cuatro directores del DAS, deja en una posición muy incomoda al gobierno del presidente Uribe. No sólo porque deja sin piso la defensa gubernamental de que no estaban probados los seguimientos y las interceptaciones ilegales, sino que además al vincular judicialmente a las máximas instancias de dirección del DAS, buscando establecer la responsabilidad penal que han tenido en la comisión de los ilícitos, está teniendo una implicación inesperada: le está dando un carácter de decisión institucional de política a los seguimientos y las interceptaciones telefónicas y de correos electrónicos a jueces, periodistas y dirigentes políticos de la oposición.

Ya no se trata de unos detectives corruptos que andaban por ahí sueltos vendiendo información a todo el que la quisiera comprar y por los que el gobierno habría ofrecido una recompensa de $200 millones a quienes proporcionaran información que condujera a su captura.

Ahora, con esa decisión de la Fiscalía, pone los focos del interés judicial en las altas esferas gubernamentales, pues al llamar a los directores del DAS, que son nombrados y dependen directamente del Presidente de la República, se abre el camino para que los altos colaboradores del presidente que directa o indirectamente propiciaron las interceptaciones, también tengan que rendir cuentas ante la justicia.

Una decisión que pone al presidente Uribe ante la necesidad de tener que dar las explicaciones por estos hechos; las mismas que desde hace varias semanas le vienen reclamando las cortes y que el gobierno quiso eludir enviando un informe institucional del actual Director del DAS, Felipe Muñoz, que dejó completamente insatisfechos a los magistrados de las Cortes. Pero las explicaciones no solo las están demandando las cortes, también la comunidad internacional, que ha aportado recursos para el fortalecimiento de los organismos de inteligencia y, por supuesto, les preocupa que esos recursos de cooperación hayan terminado en esos usos ilegales. Y allí el asunto es a otro precio.