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Enfrentamiento entre el Departamento de Justicia estadounidense y la CIA

martes 25 de agosto de 2009, 01:21h
La oficina de ética del Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió una recomendación para reabrir alrededor de doce casos de prisioneros, quienes supuestamente fueron sufrieron abusos por parte de las autoridades durante el período de gobierno del ex presidente George W. Bush. Este hecho supondría iniciar procedimientos judiciales en contra de miembros de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), así como personal de empresas contratistas por malos tratos a sospechosos de terrorismo. La decisión del fiscal general Eric Holder es resultado de la información recabada por el inspector general de la CIA, al ver que algunos de los casos incluyen muertes de prisioneros en custodia, así como tortura física y psicológica.

La situación implica varios problemas para la CIA, algunos de cuyos miembros aparentemente amenazaron a prisioneros con la muerte, en violación al estatuto federal sobre la tortura. La intención del Departamento de Justicia de procesar penalmente a los responsables de tortura reabre la discusión de hace unos años sobre el comportamiento abusivo no sólo de personal de la CIA, sino también de miembros de ejército estadounidense, como lo ocurrido en la prisión de Abu Ghraib en Irak. Nuevamente, aunque de manera menos intensa, surgen las diferentes opiniones sobre el trato que los sospechosos de terrorismo deben recibir; y las medidas aceptables, como en una ocasión declaró en ex ministro de Defensa Donald Rumsfeld, para obtener la información necesaria que pudiera prevenir posibles atentados terroristas.

Por una parte, este hecho hace pensar que la nueva administración de Obama busca alejarse y diferenciarse del manejo que la administración Bush hizo respecto a varios casos, y de cierta forma “limpiar” el nombre de Estados Unidos ante la opinión internacional. Pero por otro lado, parece que es posible una redefinición de seguridad nacional y la cesión de derechos civiles en nombre de esta seguridad; derechos afectados con la ley PATRIOT promulgada durante el gobierno de Bush. Lo que queda por ver es si el partido republicano percibe este tipo de acciones del actual gobierno demócrata como una especie de “caza de brujas”, o si reevalúa su comportamiento en los años posteriores al 11 de septiembre de 2001 y rectifica con el fin de no volver a ser castigado electoralmente, como le ocurrió en las pasadas elecciones de noviembre.
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