Madrid aporta el doble que Cataluña a otras Comunidades Autónomas

Hace una descripción crítica del nuevo acuerdo, que fija como año base del modelo el 2007 y hace una simulación. Precisa que los madrileños pagan por impuestos vinculados al sistema de financiación 19.290,36 millones de euros y, al ser su aportación a la financiación de los servicios fundamentales el 75 por ciento, se quedan en 14.467,77 millones. El Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, tras la aplicación de las variables sociodemográficas previstas en el nuevo modelo, reintegra a Madrid 10.969,83 millones.

Madrid hace el 66 por ciento de las aportaciones
Por tanto, añade Beteta, los madrileños aportan mediante el pago de sus impuestos 3.497,94 millones de euros a la solidaridad interregional, con lo que duplica la de Cataluña (1.332,62) y sextuplica a Baleares (466,49). El resto de comunidades autónomas, encabezadas por Andalucía y Canarias, son receptoras y recibirían casi 13.000 millones de euros. Madrid, Cataluña y Baleares, que son las tres regiones que hacen aportaciones al fondo, ponen 5.297,05 millones de euros, de los que los 3.497,94 que aporta Madrid suponen el 66,04 por ciento.

El consejero reitera su "profundo desacuerdo" con la reforma de la financiación aprobada y discrepa no solo con su contenido, sino también con la forma de negociación. Cree que ha habido "absoluta falta de transparencia" y "permanente opacidad" en el proceso, así como "una utilización política" de las estadísticas aplicadas, ya que se han "retorcido las cifras y las estadísticas".

El problema de no reconocer la población
Destaca que en el ámbito de la financiación de la asistencia sanitaria, el modelo excluye a 609.400 madrileños y a otros 300.000 por el mecanismo de actualización de la población. Beteta afirma que tampoco mejora la financiación per cápita y solo "persigue beneficiar al Gobierno tripartito catalán", además de no garantizar la suficiencia dinámica del modelo.

Acusa de irresponsabilidad al Gobierno por haber forzado a aprobar el modelo sin que las autonomías tuvieran un conocimiento real del mismo, ni de las consecuencias presupuestarias, lo que es clave para asegurar la prestación de los servicios públicos en los próximos años.