Competencia

La Comisión Nacional de la Competencia ha elaborado un informe sobre la situación del mercado de la distribución de carburantes. La institución destaca, como principal conclusión de su estudio, que sigue sin haber competencia en el sector y que ello se debe a las trabas impuestas por la Administración. Para abrir una gasolinera o un surtidor es necesario obtener una licencia y, mientras por un lado, el número de éstas es demasiado limitado, por otro, los criterios con los que se conceden son cuestionables. Se otorgan licencias en bloque a los grandes grupos y los ayuntamientos bloquean la concesión a las grandes superficies.

El panorama que dibuja la Comisión es el de una maraña administrativa, en la que varias administraciones compiten para entorpecer el proceso de competencia. También se observa una política innecesariamente restrictiva que tiene como efecto un peor servicio de las empresas a los ciudadanos, precios menos competitivos y un menor desarrollo del sector, con la consiguiente pérdida de producción y de empleo.

Así expuesta, lo cierto es que la situación no responde a ninguna lógica económica. Y, sin embargo, sí responde perfectamente a una lógica, la del poder: la lógica de la política. A las administraciones les gusta tener el control de los mercados y las licencias se convierten en una poderosa arma en sus manos. Pero las licencias no desempeñan ningún papel económico o de servicio al consumidor, a la ciudadanía, que pueda considerarse positivo.

La Comisión Nacional de la Competencia hace bien en recomendar una reforma del sector y apunta en el buen sentido cuando pide una mayor competencia, que tendría como uno de sus efectos más visibles la mejora en el precio final del servicio. Pero no va lo suficientemente lejos. Quizá tampoco sea su misión. Es necesario replantearse la necesidad de hacer de nuestros mercados el lugar de una competencia genuina, libre y abierta, sin barreras de entrada de carácter administrativo.

La competencia no es sólo, ni principalmente, una técnica para bajar los precios. Es la plasmación en el mercado del reconocimiento de los derechos de los ciudadanos y ello incluye el derecho que asiste a las empresas que éstos forman de emprender libremente las iniciativas que consideran adecuadas para atender nuestras necesidades y obtener beneficios por ello. El momento en que España esté madura para un debate sobre las reformas estructurales, la de la competencia habrá de ocupar un lugar central.