La España autonómica: ¿Al servicio de los ciudadanos o de los politicos?

No suele ser bueno que haya temas tabú, que no se puedan discutir, que parezcan incontestables. Muchas veces, tras ellos, vienen a esconderse importantes engaños para la mayor parte de los ciudadanos. La historia está llena de grandes ejemplos: la esclavitud estaba totalmente asumida en el mundo antiguo, al igual que la divinidad de los reyes y emperadores o la sumisión de la mujer hasta hace bien pocos años. En el caso de nuestra España actual, no deja de sorprenderme que prácticamente ningún partido político -con la honrosa excepción de UPyD (sólo Rosa Díez defendió en el Congreso la recuperación de la competencia en educación por parte del Estado)- cuestione o se plantee una reformulación de nuestro presente Estado autonómico. Por cierto, creo no equivocarme que a nivel institucional, la principal cuestión que afecta a España es su organización territorial. No estamos pues ante un tema menor para los ciudadanos españoles.

Vaya por delante mi defensa de la idea constitutiva de la España autonómica en la transición política española. Fue positivo superar el centralismo tradicional de nuestro Estado, que la denominada España periférica -principalmente Cataluña y Euskadi, en menor grado entonces Galicia- tuvieran sus deseados Estatutos de Autonomía y con el conocido café para todos, el resto de Comunidades Autónomas, que hubiera un reconocimiento cultural y especialmente de las otras lenguas que se hablaban en España. También fue positivo acercar más el poder -tanto legislativo como ejecutivo- a los ciudadanos con la administración autonómica y la municipal, si así se logran unos mejores servicios públicos y una mayor calidad democrática. Pero ésta es la clave: un mejor servicio público y una democracia más eficaz.

La descentralización en sí misma no significa más democracia o más eficacia, aquí hay un mito que especialmente los partidos nacionalistas manejan muy bien, pues es una de sus razones de ser. Los que no creemos en el nacionalismo –ni catalán, ni vasco, ni español- sino que nos movemos por criterios de eficacia, eficiencia y racionalidad, esto es, por lo que me cuesta un servicio público, lo que me ofrece y el grado de igualdad o desigualdad que se genera con el resto de conciudadanos, preferimos analizar y criticar sin complejos un sistema autonómico que está comenzando a mostrar grandes ineficiencias y profundas desigualdades entre ciudadanos, algo, por cierto, bastante poco democrático. Piensen en la educación de nuestros hijos, en la lengua que aprenden, la historia que les enseñan; piensen en las prestaciones sanitarias y la ruptura de la cohesión social -principio bastante democrático- que se da entre los servicios sanitarios de una u otra Comunidad Autónoma; piensen cómo se está desarrollando en estos últimos años, con las últimas reformas estatutarias, el tema del agua; piensen en las ayudas a los desempleados en estos tiempos de crisis ¿se ayuda por igual a todos los ciudadanos españoles? No son temas menores sin duda, y es sólo una pequeña muestra.

El principal problema es la falta de sentido de Estado del PSOE y del PP, incapaces de estar a la altura de lo que hoy precisa España, y con tal de mantenerse o entrar en La Moncloa, dejan siempre la clave del gobierno a los partidos nacionalistas de turno -CiU, PNV o ERC-. Luego, el principio de emulación entre las Comunidades Autónomas -yo no menos que nadie- hace el resto. El actual resultado es una España autonómica bastante irracional en no pocas materias, muy ineficiente, difícilmente viable financieramente y con cada vez mayores desigualdades entre los ciudadanos. El Estatut de Cataluña -y no sólo él- son una muestra de ello.

Concluyo con uno de los temas más sangrantes en estos últimos años de la España descentralizada: la corrupción urbanística, donde claramente se han visto implicados políticos de casi todos los partidos tradicionales (PSOE, PP, CiU etc.), mientras el ciudadano observa atónito como desaparece su dinero público. Hace ya algunos años, Eduardo García de Enterría advertía en la Revista de Occidente (año 2003, nº 271, p. 17-18) de esta grave situación, con un buen tirón de orejas, por cierto, al Tribunal Constitucional: “la Sentencia 61/1997, de 20 de marzo, que ha reconocido globalmente una competencia exclusiva de todas las Comunidades Autónomas en la total materia del urbanismo, ha llevado a una absurda e injustificable fragmentación del sistema jurídico urbanístico en 17 piezas, entre sí asistemáticas, contradictorias y que absolutamente en nada benefician al público, rompiendo además la unidad de mercado (uno de los principios integradores más indiscutibles en la totalidad de los federalismos), del mercado inmobiliario en este caso, facilitando la constitución de oligopolios locales y aun de la corrupción más abierta”.