El caso Mercasevilla pone a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento contra las cuerdas

Los empresarios se pusieron entonces con un amigo suyo, “un dirigente socialista” según el semanario Época, que ha desvelado el escándalo, que a su vez es amigo de Manuel Chaves, para que le pusiese al corriente de este caso de corrupción, cosa que hizo. El amigo común con Chaves les recomendó, entonces, que en la próxima reunión grabasen la conversación que mantuvieran con los responsables de Mercasevilla.

Sánchez Cuerda y De Rojas, acudieron entonces a una segunda reunión con el director general de Mercasevilla, Fernando Mellet, y su director adjunto, Daniel Ponce, ambos militantes socialistas. Y grabaron el contenido de la reunión.

Lo que se encontraron los dos empresarios era un caso de corrupción en toda regla. Mercasevilla les concedería a ellos la gestión del proyecto Escuela de Hostelería de Mercasevilla, para el cual había recibido de la Junta una subvención de 900.000 euros. Pero tendrían que pagar a los dos directivos de la empresa pública la mitad de esa cantidad, es decir 450.000 euros. De ellos, 300.000 los dejarían en un maletín y el resto, 150.000, se disfrazaría en forma de gestiones hechas para la Escuela de Hostelería.

Con la grabación en la mano, los dos empresarios pusieron los hechos a disposición de la Junta de Andalucía, ahora de forma oficial. Y la Junta de Presidencia, con Manuel Chaves todavía al frente del gobierno regional, denunció el caso a la Fiscalía.

Cuando se desveló el escándalo, el 3 de febrero, el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, dice haber pedido el cese de Mellet, cosa que hace dos semanas más tarde, aduciendo una enfermedad de su padre. El PP le ha pedido al alcalde el acta de la orden de cese, pero Monteseirín se niega a entregarla.

El asunto está, pues, en manos de la Fiscalía, pero el Partido Popular ha denunciado lo que considera que es una actitud de pasividad de la misma. El PP había interpuesto una denuncia, que tiempo después cambiaría por una querella. En ésta, acusa a los responsables de delitos de coacciones, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude y exacciones ilegales.