El CGPJ archiva la denuncia del PP contra Garzón por el "caso Gürtel"

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha archivado este martes la denuncia que el sindicato Manos Limpias interpuso contra el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco por dejar en libertad bajo fianza de 12.000 euros a la etarra Maite Aranalde, que posteriormente se dio a la fuga. Así lo han informado fuentes del órgano de gobierno de los jueces, que han señalado que la comisión disciplinaria del CGPJ ha adoptado este acuerdo por cuatro votos a uno. El CGPJ ha considerado que los hechos objeto de la denuncia constituyen una cuestión estrictamente jurisdiccional sin relevancia disciplinaria.

Además, la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó por unanimidad el archivo de la queja interpuesta el pasado 12 de marzo por el PP contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por su instrucción del denominado "caso Gürtel", relativo a una presunta trama de corrupción en la que estarían implicados responsables de este partido. Para la Comisión, que coincide con el criterio manifestado por los Servicios de Inspección, los hechos a los que se refiere la queja del PP carecen de relevancia disciplinaria, pues se trata de consideraciones subjetivas que los denunciantes deducen de cada actuación judicial de Garzón.

En su informe, la Inspección señalaba que de la conducta de Garzón al respecto -por levantar el secreto de sumario el pasado 5 de marzo para inhibirse en favor de los tribunales superiores de Madrid y Valencia- "no se desprende irregularidad alguna susceptible de reproche disciplinario". Añadía que la queja del PP no incluía más que "consideraciones subjetivas expresadas por los interesados", quienes, de cada decisión adoptada por Garzón, deducen que su finalidad no es otra que darse publicidad, originar especulaciones sobre la existencia de nuevos aforados, perjudicar al Partido Popular o conseguir dilatar su inhibición del caso. Según el escrito presentado en su día por el abogado Juan Ramón Montero, en representación del PP, el hecho de que el juez levantase el secreto de sumario para dictar los autos de inhibición en favor de los tribunales superiores no tenía otro objetivo que "dar a los medios de comunicación titulares sensacionalistas, perjudiciales par el PP", además de darse publicidad "sacrificando el proceso legal y la garantía de las partes".