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Madrid dignifica la docencia

miércoles 16 de septiembre de 2009, 00:23h
Con los disturbios de Pozuelo todavía recientes, Esperanza Aguirre efectuaba ayer un anuncio que no dejará indiferente a nadie. La presidenta de la Comunidad de Madrid pretende conferir por ley al profesorado una autoridad que hace mucho tiempo que habían perdido. Así, los profesores de enseñanzas regladas en la Comunidad de Madrid tendrían la consideración de autoridad pública, lo que evitaría situaciones de indefensión absolutamente intolerables. Las agresiones a profesores por parte de padres energúmenos no solían salirles muy caras a los agresores, ya que la mayor parte de las veces los docentes no denunciaban por miedo. Menos aún si el agresor era un alumno; ser menor en España equivale a tener una patente de corso para delinquir.

Sucesivas reformas de inspiración supuestamente progresista han ido deteriorando el sistema educativo español hasta límites insospechados. Sus responsables debieron ser malos estudiantes en el pasado con ganas de ajustar cuentas en el presente; de ahí que paulatinamente se haya pasado a la sublimación de derechos en detrimento de las obligaciones y responsabilidades que éstos llevan indefectiblemente aparejadas. Es decir, aproximadamente lo contrario de lo que predica el señor Zapatero. Un niño puede agredir a su profesor impunemente, pasar de curso con un montón de suspensos y saber que puede hacer lo que le venga en gana. Y es ahí donde la Comunidad de Madrid, al tener las competencias educativas transferidas, ha querido poner coto.

“Prestigio y crédito que se reconoce a una persona o institución por su legitimidad o por su calidad y competencia en alguna materia”. Así define “autoridad” la Real Academia de la Lengua. Es lo que intenta devolver al profesorado Esperanza Aguirre. La propuesta es tan buena que ni siquiera el propio ministro de Educación, Ángel Gabilondo, se ha atrevido a criticarla del todo. Aún así, los socialistas no parecen muy satisfechos con una demanda histórica del profesorado en particular y de la sociedad en general. Tan es así que el portavoz parlamentario, José Antonio Alonso, se ha apresurado a anunciar que una iniciativa semejante requiere un desarrollo normativo con categoría de ley orgánica, o lo que es lo mismo, ha de pasar el filtro parlamentario. Esperanza Aguirre ha movido ficha, y lo ha hecho bien. Ahora le toca al PSOE. Ojala esté a la altura. Por el bien de toda la sociedad española.
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