Coto a la Jurisdicción Universal entre las críticas de los jueces

Tal y como estaba previsto, el pasado miércoles el pleno del Senado dio luz verde a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), medida que viene a recoger las principales reivindicaciones que llevaron a los jueces a la huelga el pasado 18 de febrero.

Sin embargo, en el debate de las enmiendas no se habló de la oficina judicial, ni de las reformas en la administración de Justicia. La limitación de la jurisdicción universal marcó los discursos de los senadores y las protestas en la grada.

La reforma que fue aprobada en el Congreso el pasado mes de junio con el acuerdo entre el PP y el PSOE tenía como objetivo en principio la modernización de los juzgados, sin embargo los partidos mayoritarios en la Cámara Baja aprovecharon para incluir la limitación de la justicia universal. Mientras los grupos de izquierda consideraban que ese debate debería haberse llevado a cabo aparte del de la LOPJ; los jueces de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, Fernando Andreu, Santiago Pedraz y Eloy Velasco criticaban la reforma y cientos de asociaciones crearon la plataforma Contra la impunidad, por la Justicia Universal, el Senado finalmente daba el “sí quiero” a poner el límite a la jurisdicción universal de los tribunales españoles a los casos en los que haya víctimas españolas o en los que los responsables del delito estén en España. La polémica está servida.

Conde Bajén (PP): "Había que poner coto a determinados juececitos”
El debate en la Cámara Baja fue duro. Durante la votación el presidente del Senado tuvo que proceder al desalojo de las gradas donde varios simpatizantes del grupo parlamentario Entesa Catalana de Progrés abuchearon en contra de la reforma.

Un día antes de que se sometiera a votación reunida la comisión de Justicia en el Senado, el portavoz de Justicia del PP en el Senado, Agustín Conde Bajén, dejaba bien claro porqué era necesario establecer unos límites en la jurisdicción universal. “Había que poner coto a determinados “juececitos” de la Audiencia Nacional que se dedicaban, con apoyo en un texto determinado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a hacer lo que no debían hacer. Hemos intentado conseguir que no se le escapen algunos narcotraficantes, a los cuales no se les prorroga la prisión preventiva porque están en otras cosas”. Conde se refirió a la actitud de uno de los jueces de la Audiencia para explicar qué es, lo que a su juicio, no deben hacer esos magistrados. "Los tribunales penales internacionales quedarían vacíos de contenido si nos encontramos juzgando al Tíbet, que es lo que hace Garzón. Pues no, el Tíbet no, usted se dedica a lo que se tiene que dedicar, salvo que el Tribunal Supremo decida otra cosa".

Caamaño: “Lo peor era dejarla como estaba”
En lo que se refiere a la limitación de la actuación de los jueces Gobierno y oposición están de acuerdo y prueba de ello son las palabras del ministro de Justicia. Sobre la reforma referida a la persecución en España de los delitos de lesa humanidad Caamaño cree que “el peor favor” que se le puede hacer a la jurisdicción universal es “dejarla como estaba”. “La reforma exige una modulación" de la Justicia Universal “para hacerla real y efectiva en nuestro país”.

Cientos de asociaciones a favor de la Justicia Universal
La plataforma “Contra la impunidad, por la Justicia Universal”, que representa a más de 400 organizaciones, sindicatos y ONG, ha calificado de “golpe mortal a la lucha contra la impunidad” la reforma de la LOPJ. Una de las asociaciones de esta plataforma es Amnistía Internacional y EL IMPARCIAL ha podido hablar con una de sus representantes, Alicia Moreno.

“Lo que se consigue con esta reforma es lanzar un mensaje de impunidad y de escaso compromiso del Estado Español. Hasta ahora la jurisdicción de nuestro país contemplaba el principio de justicia universal de forma pura. Sin embargo, esta reforma impone un límite en la jurisdicción universal, de tal modo que quedará vacía de contenido”.

“Criticamos también la forma en que se ha aprobado esta enmienda obedece a una decisión política consensuada por los partidos mayoritarios. Es un claro signo de injerencia política en una materia en la que debería primar el compromiso del Estado español contra los crímenes más graves”, según ha asegurado Moreno de AI.

Moreno considera que la sobrecarga de trabajo los tribunales españoles es más una escusa que una razón para limitar la justicia universal. “El criterio de sobrecarga de los tribunales es falaz, porque estamos hablando de que en trámite o no archivados hay apenas una docena de casos, lo que supone según el Consejo General del Poder Judicial ni un 0,05 por ciento de los asuntos que tramitan habitualmente los tribunales”.