Siete pesqueros zarpan con ex militares para repeler ataques de piratas

La próxima semana, estaba previsto que 15 atuneros de capital español con bandera de las Islas Seychelles embarcaran equipos de ex militares británicos para proteger a sus tripulaciones de posibles agresiones piratas en el Océano Índico. Así lo anunció el miércoles el secretario general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos (Anfaco), Juan Vieites. Pero siete de estos barcos zarparán hoy mismo con ex militares armados a bordo par repeler ataques de piratas.Minimal Risk, la empresa británica de mercenarios, cobrará 55.000 euros al mes por sus servicios.

Esta es la medida adoptada por los armadores que se acogen a la legislación de las Seychelles que recientemente ha sido modificada para evitar abordajes y secuestros como el de “Alakrana”. Para los armadores, los militares y ex militares son los profesionales mejor preparados para responder desde la borda a una incursión pirata. Ellos están autorizados y preparados para portar el armamento capaz de contrarrestar la capacidad armamentística de estos delincuentes marítimos que emplean lanzagranadas RPG y fusiles.

Sin embargo, la legislación española prohíbe a los atuneros de pabellón español acoger a bordo a militares, contratar a ex militares extranjeros y armarse con metralletas de tipo medio de 7/62 mm y rifles de asalto de 5/56mm y de 7/62mm.

En las últimas semanas ha resurgido el debate sobre la necesidad de que los barcos cuenten con seguridad militar. El diputado del PNV Josu Erkoreka y miembros del Partido Popular solicitaron la incorporación de infantes de marina a bordo, una proposición no aprobada en el Congreso.

El portavoz socialista de la Comisión de Defensa del Congreso, Jesús Cuadrado, ha calificado ante EL IMPARCIAL, de “irresponsables” a aquellos que proponen embarcar militares en los pesqueros como “medida milagrosa” para solucionar los problemas de los pescadores. Una “solución” que iría en contra de la ley.

Pero, según los populares, la ley puede cambiarse y adaptarse a las nuevas necesidades marítimas.

La ministra de Defensa, Carme Chacón, ha contestado al PNV y al PP que no sólo la legislación no permite embarcar militares a bordo de buques civiles, sino que la Armada no tiene la capacidad operativa necesaria para enviar cuatro infantes a cada pesquero que opere en Somalia. España ha sido la impulsora y ha liderado la Operación Atalanta, que conlleva una importantísima inversión por parte del Estado, 75 millones de euros, y supone un importante esfuerzo de personal. Hasta ahora, cinco buques de la Armada han acudido a proporcionar seguridad al tráfico mercante y pesquero del Golfo del Adén y el mar de Somalia: la fragata “Blas de Lezo”, en misión de la OTAN, y el petrolero “Marqués de la Ensenada” y las fragatas “Victoria”, “Numancia” y “Canarias”, en el marco de la Operación Atalanta.

Chacón reconoce que es imposible otorgar una protección total a los pescadores en el Océano Índico, por el que transitan 16.000 buques al año y posee una extensión tres veces superior al Mar Mediterráneo. Los países europeos participantes en la Atalanta no pueden garantizar la seguridad a los buques que transiten fuera de su zona de operaciones.

Sin embargo, los atuneros buscan caladeros fuera de esta zona para lograr una mejor pesca. De esta manera se arriesgan a ser objetivo de los piratas. El Gobierno y el grupo socialista sugieren a los pescadores adoptar las medidas fijadas por la Organización Marítima Internacional para disuadir a los piratas, faenar en el teatro de operaciones de la Atalanta y, en último caso, la contratación de seguridad privada.

Fuentes del sector han afirmado a este periódico que están estudiando esta posibilidad pero la legislación obliga a contratar a empresas de seguridad españolas, de tendrán a adaptar sus servicios a las peculiaridades del Océano Índico y a utilizar un tipo de armamento preciso.

Tras el estudio de la problemática en la que se encuentra la flota pesquera, el Ministerio del Interior acordó permitir a los efectivos de seguridad que contraten los atuneros llevar armas de largo alcance, en concreto, han sido autorizadas las escopetas largas rayadas. Fuentes del sector consultadas por este periódico consideran que el armamento aprobado supone "un suicidio" para nuestros pescadores ya que la potencia armada de los piratas es superior.