La seguridad tiene precio en Afganistán

La noticia divulgada por el diario británico “The Times” sobre que un contingente italiano de la OTAN en Afganistan pagaba un impuesto revolucionario a los Talibanes para garantizar su seguridad, no sólo ha desatado la controversia en el seno de la comunidad internacional, si no un debate dentro de la organización trasnacional con respecto a la actuación y al comportamiento de los soldados apostados en la zona.

El centro de la polémica radica en el hecho de que en 2008 un grupo de 21 solados franceses fueron asesinados y decapitados en la región de Sabori, que anteriormente había sido vigilada por las fuerzas italianas y gozaba de la fama de ser una de las más tranquilas y menos hostiles del frente afgano. Sin embargo los militares galos desconocían que dicha tranquilidad tenía un “precio” a pagar, del cual no fueron advertidos.

Esto plantea dos escenarios que es necesario que la OTAN, así como los estados miembros de dicho organismo analicen. Primero, plantea el interrogante de hasta qué punto las tropas internacionales están llevando a cabo sus funciones para combatir a los rebeldes talibanes. Segundo, plantea el dilema de qué nivel de coordinación tienen los ejércitos allí desplazados para llevar a cabo actividades conjuntas y garantizar el éxito de un objetivo en común: erradicar la amenaza terrorista en la región.

No cabe duda que este incidente supone un nocivo precedente para aquellos soldados que diariamente se juegan la piel en una de las peores zonas en conflicto en el mundo. Es una vergüenza para las fuerzas de las democracias occidentales, que se hallan presentes en las áridas cordilleras de Afganistán, cuyas tropas prefieran “venderse” antes que combatir a los Talibanes.