Garzón da trabajo a la Justicia

Pocas veces una sola persona habrá acumulado mayor y más variado número de querellas que Baltasar Garzón, dando tanto que hacer a sus compañeros de profesión. Cohecho, prevaricación, estafa o falta de imparcialidad son sólo algunas de las acusaciones a las que el juez de la Audiencia Nacional ha tenido que enfrentarse en virtud de su particular -y porosa, habida cuenta de las filtraciones- manera de instruir sumarios. Pero la última de ellas, sin ser especialmente original el contenido de los cargos atribuidos a Garzón -a la prevaricación y el cohecho hay que sumar en esta ocasión el quebrantamiento del secreto de las comunicaciones- destaca por el ente que la ha interpuesto: el Colegio de Abogados de Madrid.

La novedad radica en que no es un particular ni un partido político, sino la Junta de Gobierno en pleno del órgano colegial madrileño quien ha tomado cartas en un asunto que clama al cielo. Y es que intervenir las comunicaciones mantenidas entre los imputados de la trama “Gürtel” y sus abogados violenta claramente el derecho a la confidencialidad abogado-cliente, a la vez que merma de manera flagrante otro derecho igual de importante, el de tener una defensa en condiciones. Puede que Garzón, tan amigo de flashes y polémicas, esté encantado con esta nueva querella, ya que así su enorme ego se verá engordado con más titulares y portadas. Pero a quien no debería gustar tanto es al Consejo General del Poder Judicial, obligado a meter en vereda de una vez por todas a un personaje cuya ejecutoria habla por sí misma. La mayor parte de jueces y magistrados en España desempeñan su labor sin tanta estridencia mediática. Hacen su trabajo lo mejor que pueden, y aplican las máximas a las que aludió Carlos Dívar, presidente del Tribunal Supremo y CGPJ hace no mucho: discreción y prudencia. Pocos han recibido querellas; desde luego, ninguno tantas como Garzón. Será que cuando el río suena, agua lleva. En este caso, además, muy turbia. Ya va siendo hora de que se depure.