La confianza en la clase política no pasa por su mejor momento, o así se desprende del último estudio hecho público por el
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). En Cataluña, el crédito de los servidores públicos toca fondo, aunque el síntoma de mayor preocupación para aquellos que piden transparencia es que la labor de las personas salpica a las instituciones. Es por ello que partidos ajenos a la cápsula de poder del tripartito exijan un Parlamento limpio, un nuevo Gobierno libre de sospechas y algo más que una explicación al reconocido malgasto público en algunas partidas o a todo lo concerniente a los presuntos casos de corrupción destapados en las últimas semanas, en los que pocas formaciones en la Cámara de representación catalana quedan fuera.
Un nuevo escándalo amenaza con extenderse en el corto-medio plazo en la política catalana, con el agravante de las sospechas que supone que los partidos que ostentan el poder -
PSC,
ERC e
ICV-EUiA- intenten de forma manifiesta retrasar u obviar el debate, hecho que empieza a irritar a más de uno en el seno de la oposición. El
Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), dependiente de la
Consejería de Política Territorial y Obras Públicas del socialista
Joaquim Nadal, ha visto puesta su buena imagen en tela de juicio. Ciñendo la narración al auto del juez
Baltasar Garzón a propósito de la ‘operación Pretoria’,
Emili Mas, gerente y máximo responsable de
Incasòl, habría hablado por teléfono con tres de los imputados del caso: el alcalde de Santa Coloma,
Bertomeu Muñoz y su concejal de Urbanismo,
Manuel Dobarco, en prisión incondicional; y con el director de servicios municipales del Ayuntamiento,
Pascual Vela, libre bajo fianza. El motivo de la conversación, según las pesquisas de la
Audiencia Nacional, sería la emisión de facturas falsas para desviar
1,3 millones de euros de ayudas europeas.
Convergència,
Partido Popular y
Ciudadanos se sienten como si se estrellaran contra un muro cada vez que exigen transparencia a los partidos de Gobierno, según ha podido saber
EL IMPARCIAL. La reiterada petición de la entrega de documentos como convenios, escritos y resoluciones entre Incasòl y el
Ayuntamiento de Santa Coloma desde 2004 siempre tiene como respuesta una negativa.
Albert Rivera, presidente de
Ciudadanos, afirma que todo lo acontecido en los últimos días ha sido por culpa de algunas “manzanas podridas”, pero tanto él como destacados representantes en este caso también del
PPC coinciden en que, desde el momento en el que se pone esparadrapo en la boca de los únicos que podrían salvar el prestigio de esos partidos, son aquellos que lo hacen los que se proclaman cómplices de todo lo bueno o malo que se destape con otras artes.
Pero el enfado de estos diputados, que contemplan impotentes la política catalana fuera de la urna de cristal que han diseñado
PSOE,
ERC e
ICV, viene de largo y no se detiene en la negativa a explicar sospechas que no ha levantado un particular o una voz discrepante, sino un auto judicial que ha acabado con políticos catalanes esposados y, más tarde, en la cárcel. Por ejemplo, sólo el equipo de
José Montilla conoce por qué ninguna auditoría dio cuenta o por qué ninguna alarma saltó cuando Fèlix Millet, ex presidente del
Palau, detrajo supuestamente
31,2 millones de euros de la institución durante los últimos diez años, según el informe pericial del caso.
'Pretoria' ha tumbado al
'caso Palau' de la actualidad, y las exigencias de una explicación a
Millet o al Gobierno de Montilla han quedado enterradas para quizá no volver a repetirse.
La afirmación de que la oposición catalana, cada día más cercana a una unida aunque heterogénea disidencia, se huele que algo “turbio” se cocina en la
Generalitat va más alla de la ocultación de los hechos y se basa en la defensa sin flecos a estas personas bajo sospecha por parte del Ejecutivo, que las salvaguarda de enfrentarse al
Parlamento. Quizá por este motivo, las responsabilidades cada vez se exigen a más alta escala. El
PPC pide la comparecencia de
Joaquim Nadal, consejero de
Política Territorial y Obras Públicas, por su defensa a
Emili Mas a pesar de que una serie de llamadas telefónicas le relacionen con algunos de los encarcelados. Nadal dice no tener dudas del gerente de
Incasòl: "No existe ninguna posibilidad real" de que esté vinculado al Ayuntamiento de
Santa Coloma, es algún tipo de confusión", dice el consejero.
Y la disidencia lamenta y asiste impotente al juego de silencios. No se abren investigaciones, no se da voz a las “manzanas podridas” y se respalda a quienes se relacionaron con ellas, tampoco se facilitan los documentos que pudieran lavar de toda culpa el prestigio de la
Generalitat. La oposición no puede más que lanzar al viento sus deseos: dimisiones y que el tiempo avance, en once meses hay comicios autonómicos. Pero algunos no pueden esperar tanto.
Ciudadanos pide elecciones anticipadas que limpien la imagen de la política dentro y fuera de su territorio: “Los que han construido esta
Cataluña están en el furgón de la Guardia Civil”, dice Albert Rivera.
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