El debate sobre la electricidad en México

La empresa pública Luz y Fuerza del Centro, que ha suministrado de energía eléctrica a la ciudad de México y estados aledaños en el centro del país, se encuentra actualmente en un proceso de liquidación con el fin de convertirla en una empresa privada. El 11 de octubre se decidió su desaparición por decreto presidencial, debido a que es una de las empresas paraestatales que han reportado un mayor número de pérdidas y ha utilizado alrededor de 2.000 millones de euros en subsidios únicamente en 2009, además de haber demostrado una operación deficiente. Sin embargo esta decisión ha creado un revuelo en varios sectores sindicales de México, generando protestas y manifestaciones, algunas de ellas violentas.

La empresa Luz y Fuerza del Centro (LyFC) es un símbolo para algunos de la soberanía nacional y de los logros de la Revolución Mexicana. Los antecedentes de la compañía son la empresa canadiense The Mexican Light & Power Company, fundada a final del siglo XIX durante el gobierno de Porfirio Díaz. En 1910, al comenzar la revolución, los empleados mexicanos de la empresa ganaban salarios inferiores a los empleados extranjeros, por lo cual entre 1911 y 1914 se creó el sindicato de electricistas, uno de los primeros en formarse en México en el siglo XX. El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) ha sido considerado como un bastión de la lucha obrera en el país, a la par que el sindicato petrolero. En 1941 se concluyó el proceso de nacionalización, como efecto de la lucha de los derechos de los trabajadores y de las ideas contenidas en el artículo 27 de la Constitución sobre patrimonio de los recursos naturales.

Estos antecedentes explican en parte el porqué de la actitud y postura no sólo del sindicato de electricistas, sino también de otros sindicatos como el de la empresa Teléfonos de México y de grupos sociales y políticos que los apoyan. Los trabajadores argumentan que sus garantías y derechos laborales han sido violados por el cierre de la empresa, y se encuentran indefensos y sin empleo en un momento de crisis económica. El sindicato incluso ha tratado de recurrir sin éxito a la Suprema Corte de Justicia, solicitando se investiguen dichas violaciones.

El cierre de LyFC ha mostrado diversos aspectos del funcionamiento social y político del país, así como un enfrentamiento en visiones económicas y políticas. Por una parte podría ser justificable la preocupación de los trabajadores al quedarse desempleados con finiquitos que, de no encontrar otro puesto de trabajo pronto, no podrán subsistir por mucho tiempo, considerando que además en México el estado de bienestar es casi nulo. Pero existe otro aspecto quizá más abstracto que tiene que ver con una idea tal vez anticuada de lo que es la soberanía nacional y el derecho sobre los recursos nacionales, considerados patrimonio del estado, contraria a las visiones económica y del estado contemporáneas. A casi 100 años del inicio de la Revolución Mexicana el país se encuentra en un debate que enfrenta a diferentes posturas, pero que no beneficia a nadie, al contrario.