"Para la política no hay nada más destructivo que la corrupción"

A usted le toca “pegarse” en el Congreso con un peso pesado como Rubalcaba. ¿Cómo es la vida parlamentaria con el ministro del Interior?

A mí me corresponde hacer la oposición que es para lo que nos votaron diez millones de españoles y me toca hacerlo en un área que considero muy importante porque afecta a la seguridad de los ciudadanos. En este sentido, a veces tenemos una dialéctica dura sobre todo con lo que consideramos errores del Ministerio, que son muchos. Más allá de esto el Gobierno sabe que en algunas cuestiones como la lucha contra el terrorismo, el ministro cuenta con una lealtad. Intento también diferenciar lo que es el debate político de las relaciones personales en las que considero que la educación es muy importante.

¿Cómo es el ministro en las distancias cortas?



Bueno, yo he tenido muy pocas distancias cortas. Prácticamente toda la relación que hemos mantenido ha sido bien en el Pleno o bien en la Comisión de Interior, pero no he tenido muchas conversaciones privadas con él. Sin embargo, creo que al adversario político es importante reconocerle sus cualidades. Pienso que Rubalcaba es un buen parlamentario, negarlo sería faltar a la verdad, creo que es una persona inteligente, y el problema es que es un político que tiene muy pocos escrúpulos en su relación con el adversario y en su propia acción de Gobierno.

Su rama, Interior está ahora mismo tocada por la ingente cantidad de escándalos corruptos que se suceden en los distintos ayuntamientos de la geografía española. ¿Es éste un país corrupto?

Yo no creo que España sea un país corrupto pero creo que tenemos demasiados casos de corrupción. Por tanto, se exige una respuesta política muy contundente porque los ciudadanos no merecen que haya esta sucesión de casos. Creo que la corrupción es un verdadero cáncer para la democracia porque mina lo más esencial que es la confianza de los ciudadanos en sus representantes. Por tanto, me parece que España no es un país corrupto pero sí tenemos un problema en este sentido y hay que adoptar medidas. Primero para endurecer las penas y las sanciones a aquellos políticos que tienen un comportamiento corrupto y, en segundo lugar, creo que también hace falta reformar el sistema para que aquellos que tengan voluntad de hacer algo incorrecto lo tenga mucho más difícil. No sólo son importantes las medidas a posteriori sino también las medidas preventivas como el pacto de Estado que ha propuesto el presidente de mi partido.

Rajoy ha propuesto un pacto de Estado para luchar contra la corrupción. Pero asistimos a la ruptura constante del pacto antitransfuguismo, el Tribunal de Cuentas no da a basto y la Fiscalía cada vez parece más politizada, ¿no bastaría con cumplir a rajatabla los mecanismos actuales?

Son importantes las dos cosas. Tenemos ahora mismo instrumentos eficaces para luchas contra la corrupción, pero junto a un uso más eficaz de los mecanismos actuales son necesarios algunos más. Sobre todo en dos líneas. Por un lado, quien se corrompa tiene que tener más castigo por parte de la sociedad, porque para la política no hay nada más destructivo que la corrupción y por eso tenemos que ser implacables y aplicar la tolerancia cero. En segundo lugar, es importante también que en algunos casos que el sistema permite que existan casos de corrupción, como la Ley del Suelo que se aplica en algunos ayuntamientos, sea el propio sistema el que haga mucho más difícil comportamientos corruptos.

El "caso Faisán" es uno de esto casos pero con la peculiaridad de que con el “Chivatazo” se impidió culminar una importante operación contra el entramado financiero de Eta. ¿Sabremos algún día la verdad? ¿Qué va a hacer su partido para averiguarlo?

Puedo asegurar que el PP hará todo lo que está en su mano, usará todos los recursos políticos y parlamentarios que le permite el Estado de Derecho para llegar al fondo de este caso. La democracia española ha mantenido durante décadas una lucha heroica contra Eta y creo que la sociedad no merece que haya un borrón como el “caso Faisán”, en el que desde supuestamente fuentes de la propia Policía el Ministerio del Interior hace una delación para que los terroristas no sean detenidos. Además, en una cuestión como es la financiación, que no es un delito económico sino un dinero manchado de sangre que se va a utilizar para cometer nuevos asesinatos. Por tanto, creo que sería un inmenso error que esa delación, que para mí es uno de los hechos más escandalosos que se ha producido en la lucha contra el terrorismo, quedará sin castigo, sin responsabilidad y que se cubriera todo con un manto de impunidad y de silencio.

¿Lo está haciendo bien el Gobierno en materia antiterrorista?

El Gobierno ha cambiado radicalmente su política antiterrorista en relación con la que práctico en la legislatura anterior, cuando tomó el atajo de la negociación con Eta, un camino profundamente equivocado. Sin embargo, en esta legislatura está adoptando el camino de la lucha contra el terrorismo con todos los instrumentos del Estado de Derecho y máxima firmeza democrática y mientras se mantenga así va a contar con el todo el apoyo del Partido Popular para conseguir un objetivo que es común, que es la derrota de Eta.



¿Ha sido un soplo de aire fresco el que Basagoiti esté en el Ejecutivo vasco?

Yo creo que sin duda. Porque no sólo ha habido un cambio de actitud en el Gobierno de Zapatero en relación con la anterior legislatura, sino que también ha habido un cambio más histórico aún en el Gobierno vasco. Un Ejecutivo vasco que mantenía una equidistancia con las víctimas y sus verdugos, que creaba algunos espacios de impunidad para con los cómplices políticos de los terroristas. Ahora, realmente se está en una política de aislar política y socialmente a los terroristas y a sus cómplices, cerrar cualquier espacio de presencia de Eta en las calles del País Vasco y un compromiso policial contra Eta más definido por parte de los responsables políticos de la Ertzaintza. Es un cambio muy positivo en el que el PP no sólo ha sido decisivo sino el principal impulsor.


Usted dijo que los PGE son una humillación para la Policía y la Guardia Civil. ¿Por qué?

Por dos motivos. En primer lugar, porque los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado son las principales víctimas del fracaso económico de Zapatero. Se les reduce la inversión a la mitad, se les reduce drásticamente su oferta de empleo público y se les niega cualquier posibilidad de mejora salarial, compromiso que tenía adquirido el Gobierno con la Policía y la Guardia Civil. En segundo lugar, porque cuando se trata de apretarse el cinturón como consecuencia de la crisis, lo que nos encontramos con que mientras a un guardia civil o a un policía nacional se le reducen los presupuestos, la transferencia para financiar la policía autonómica de Cataluña crece más de un 50 por ciento. A nosotros este hecho nos parece injusto y que eso constituye una humillación para los miembros de la Policía y de la Guardia Civil que no son más que nadie pero tampoco menos que nadie.



La Dirección General de Policía prepara una norma para poner firmes a los nacionales en materia de uniformidad. ¿Cuestión de necesidad o capricho?

Creo que un Cuerpo que es armado, uniformado y que tiene una responsabilidad tan importante como garantizar los derechos y las libertades de los ciudadanos y en definitiva ejercer el poder coercitivo sí le es exigible algunas normas mínimas respecto a su uniformidad. No obstante, no conozco aún a fondo esa instrucción pero creo que unas normas mínimas son necesarias aunque todo lo que sea coartar más allá de lo razonable a los agentes también sería un error.

El pasado día 12 llegaron los esperados datos de criminalidad. Sin embargo, usted no está nada conforme… ¿Con qué datos cuenta el PP para negar la mayor a este informe?

Se nos siguen ocultando sistemáticamente esos datos. Cuando los diputados preguntamos por cómo ha evolucionado el número de delitos, el Gobierno nos niega esta información y a cambio lo que nos manda es un informe, que en nuestra opinión está claramente manipulado. Ni si quiera se refiere al periodo en el que tiene el mandato el Gobierno, que sería semestral y lo que envía es un informe de los últimos doce meses. No tiene en consideración la reducción del territorio bajo la responsabilidad de Interior y tenemos además varias denuncias de sindicatos policiales y asociaciones de guardia civil que afirman que se están manipulando esos datos para reducir las cifras de delincuencia. También contamos con los informes del Consejo General del Poder Judicial, de la Fiscalía General, del propio ingreso de presos en instituciones penitenciarias o los datos de evolución de la delincuencia que mes a mes facilita la Ertzaintza, la conclusión a la que llegamos es que el Gobierno nos está engañando diciendo que la delincuencia baja en España, cuando la percepción de todos los ciudadanos es que la criminalidad está creciendo.

Asociaciones progresistas y conservadoras de jueces avalan SITEL, así como el Supremo y el Constitucional en algunas de sus sentencias. ¿Cuáles son, entonces, los argumentos por los que jueces y tribunales no llevan la razón?

No creo, en absoluto, que no lleven razón. El asunto es que tenemos unas nuevas tecnologías que permiten una capacidad cada vez mayor para penetrar en la vida privada de los ciudadanos, y SITEL es un buen ejemplo, por ello necesitamos una regulación muy estricta de esas tecnologías para que no se vean afectados derechos fundamentales. Creemos que es necesaria una regulación por ley orgánica, que ofrezca unas mayores garantías de que ese sistema, que adquirió en su momento un Gobierno del PP, se va a usar para luchas contra terroristas y crimen organizado, pero que en ningún caso se va a usar para entrometerse en la vida de los ciudadanos. Ese es el objetivo del PP con esa proposición no de ley, entendiendo también que éste es un Gobierno que ha dado muestras de no tener ningún reparo para utilizar instrumentos básicos del Estado, como pueda ser la Fiscalía o mandos policiales para un interés puramente partidista. Como hay ese fondo de desconfianza hacia este Gobierno y en particular hacia este ministro del Interior, es muy importante que regulemos con mucha precisión la protección de los derechos básicos de los ciudadanos.

Pero esta demanda se basa en que ustedes tienen constancia de que han sido espiados en algún momento.

La proposición no de ley que ha presentado el Partido Popular no es una denuncia en un juzgado sobre escuchas, es una iniciativa política que pide una reforma legislativa para aumentar las garantías de los ciudadanos tienen para defender su intimidad y el secreto de sus comunicaciones. Una iniciativa política que se ha hecho mirando en el bien común de todos los ciudadanos y no en el acoso, que por otro lado es real, que el Partido Popular ha sufrido en los últimos meses.

Después de la convención de Barcelona, ¿el PP se ve más cerca del Gobierno?

Creo que en Barcelona se dio un mensaje muy claro de que este es un partido que está preparado para gobernar, que tiene respuesta para los problemas, que son muy graves y en algunos casos dramáticos como el paro que dobla la media europea en España y que tenemos las ideas, la voluntad y los equipos para poder asumir esa responsabilidad. No será nada fácil porque la herencia que va a dejar el Gobierno Zapatero será con seguridad la peor herencia que reciba un gobierno en nuestra reciente etapa democrática, pero convencidos de que si pudimos en el año 96 enderezar una situación muy difícil vamos a poder sacar a España de la dinámica en la que se encuentra y volver a una senda de crecimiento, de progreso y libertad que es lo que necesita este país.