Ecos del Seminario sobre Política en Mexico de la FOG

El regreso del PRI a los Pinos es una previsión de analistas, politólogos, dirigentes políticos y taxistas: sin embargo el camino es largo y muchos los obstáculos a los que se puede enfrentar el partido que gobernó Mexico durante siete décadas. Si bien el ejercicio en el poder ha desgastado al gobernante PAN –y en particular a su Presidente-, no es de descartarse que si el PRI –como en las dos ocasiones anteriores- no juega bien su rol de partido con el mayor numero de Gobernadores, Municipios y Legisladores federales, puede nuevamente auto derrotarse.

Nueve y en su momento doce años de gobierno nacional, no han significado mayores avances para el PAN en términos de consolidación política, practicas innovadoras en un sistema por ellos mismos habían calificado de corrupto, perverso, anti democrático y senil. Tampoco se ven cambios ideológicos que pudieran implantarse en la educación, la materia laboral o en una mejoría real en el nivel de vida de las clases desfavorecidas del país. Así los males del país se reparten por igual en estados y municipios gobernados por priistas, panistas o perredistas, sin que la era de la alternancia haya propiciada que un estilo u otro de gobernar, le dé mayores beneficios a los electores que los propagandísticamente promovidos por el gobierno en turno.

La llamada clase política ha sobre vivido en los últimos años a una creciente “politización” de la sociedad expresada en voto diferenciados, alternancias y novedades de expresión política como lo puede ser la corriente a favor del voto “en blanco” que apareció en la pasada elección de julio pasado, o iniciativas tales como la postulación de candidatos ciudadanos sin partido –el Caso Castañeda en 2006- o hechos que por lo anecdótico, cuestionan severamente la seriedad de las elecciones y procesos políticos en Mexico, como la sustitución de un candidato en el ultimo momento y una vez que ganó, la obligación de éste a renunciar a favor de la candidata que relevó. El caso “Juanito”, por sus implicaciones histriónicas y el involucramiento de Andrés Manuel López Obrador –el candidato autoproclamado ganador en 2006 a la presidencia-, dan a entender que aún falta mucho camino para una real consolidación de la democracia mexicana.

En este camino sinuoso, ha aparecido liderazgos que trascienden los partidos y estilos de gobernar que se adivinan como candidaturas evidentes: mientras en la ciudad de Mexico, Marcelo Ebrad avanza sobre la amplia base perredista que representa la ciudad capital y algunos municipios circunvecinos, Enrique Peña tiene en el Estado de Mexico –que rodea a la capital de la republica- la plataforma electoral, económica y de alianzas grupales mas amplia que lo proyecta como el favorito del PRI para la contienda presidencial del 2012. En el emblemático sureste y al frente de un estado lleno de riquezas y oportunidades, donde hay petroleo, agua y energía abundantes, Fidel Herrera –el político en ejercicio con mayor carrera partidista y político electoral: cuatro veces diputado federal, senador y ahora gobernador- empieza a llamar a atención por encabezar un gobierno que le ha dado paz, empleos y crecimiento económico a una entidad que vivía del monocultivo y las coyunturas económicas de enclave: el comercio exterior y las aduanas, las exportaciones de tabaco, azucar y café. Por su parte, en un juego de piezas.

Primero los ponentes y luego los asistentes al Seminario discutieron sobre las modalidades de “fraude” o utilización que se abren ante la perspectiva de una nueva legislación electoral que ha cancelado la relación comercial entre medios de comunicación y partidos, dentro y fuera de tiempos electorales. La reciente reforma electoral cancelo las negociaciones comerciales entre medios de comunicación y partido/candidatos, trasladando esa responsabilidad al órgano electoral nacional –el Instituto Federal Electoral-. Sin embargo, en el ánimo de analistas y no pocos políticos aparece la duda de si no continúan esos arreglos, ahora, “bajo la mesa” y al margen del IFE. Entrevistas, inclinaciones en los comentarios y editoriales, son las formas que escapan al monitoreo de publicidad contratada y que ahora debe ser sancionada por el organismo electoral federal en su competencia y por sus correspondientes estatales en la jurisdicción local.

Un gobierno federal que ha tomado la firme decisión de enfrentar al narcotráfico y la delincuencia organizada, no necesariamente ha logrado entre la opinión publica el apoyo necesario a tan vasta, compleja y a la vez inevitable tarea para un gobierno nacional. De ninguna manera es un hecho unilateral o improvisado. Las acciones que la información gubernamental hace públicas cada día, hablan de decomisos sin precedentes, aprehensiones y enfrentamientos violentos contra traficantes y sus aliados. Los combates por eliminar el tráfico de estupefacientes con su secuela de hechos violentos paralelos, tales como secuestros y delitos contra la propiedad de los ciudadanos ordinarios, poco a poco van convirtiéndose en hechos de la vida cotidiana. Es un hecho que la ciudadanía vive amenazada en su valor supremo que es la libertad y la vida, de los propios individuos y sus familias. Ante esta situación de violencia e intranquilidad, es evidente que sólo el gobierno federal, con la plenitud de sus funciones constitucionales esta en posibilidad de restituir el valor perdido de paz social, durante tantos años sostenido en nuestro país, hasta el punto de hacerlo imperceptible. Para una tarea de tales dimensiones ha recurrido al ejército, progresivamente sustituyendo las acciones civiles en tareas preventivas y de combate a los delincuentes en todas sus modalidades.

Si bien es cierto que hace falta avanzar en una necesaria alianza legal entre niveles de gobierno para enfrentar la violencia delictiva, también es cierto que este es un fenómeno que no puede enfrentarse sin el concurso de la sociedad, sus organizaciones y canales de expresión. Esta es una tarea que requiere de mucho tiempo, compromiso y sobre todo, confianza del gobierno y sus órganos especializados hacia la sociedad. La credibilidad y la transparencia de jueces y cuerpos de seguridad, o es inexistente o se encuentra en niveles sumamente bajos.

Cuando se ha analizado la relación del Gobierno Federal con el Congreso, el tema polémico fue por una parte, la creación de los nuevos impuestos, -vigentes a partir de enero próximo-, así como la distribución que la Cámara de los Diputados ha determinado en función de las propias prioridades consensadas por los grupos políticos hacia dentro de este órgano legislativo. La propuesta del Presidente en materia presupuestal fue enmendada –con el acuerdo de la mayoría de las corrientes políticas dentro de la Cámara, favoreciendo acciones de promoción social –a través de mayores apoyos a la educación, la salud y el campo-, como también una fuerte inyección de recursos a los programas de obras y carreteras, necesarias por sí mismas y como detonantes de actividad económica y generación de empleo, justo en momentos en que las cifras macroeconómicas del país hablan de una caída anual para este ejercicio fiscal cercana al 8%, dato inaudito en los tiempos modernos de nuestro país.

Los sucesivos procesos electorales de las ultimas tres décadas –donde se ha avanzado hacia la normalidad de una nación democrática-, han impulsado en el país la creación de nuevos organismo para su realización y coadyuvancia –el Instituto Electoral y el Tribunal Electoral federal y sus correspondientes en los estados-, la credencial de elector, el financiamiento y auditoria publica de los partidos y sus campañas, y el novedoso sistema de monitoreo de campañas políticas. Sin embargo, la complejidad social del país, el tamaño de nuestra democracia –con casi 70 millones de potenciales participantes-, la dispersión de nuestra nación –con casi 12 millones de mexicanos nacidos en nuestro país y recientemente residentes en los Estados Unidos-, la hacen un proceso demandante de cambios constantes y actualizaciones legales y constitucionales sucesivas.

Es por demás evidente que uno y otro –IFE y TRIFE-han tenido importantes avances en su desempeño, logrando significativa confianza y reconocimiento por la ciudadanía. Es innegable el merito cívico de los ciudadanos que participan sin pago en la organización de las elecciones y que en el pasado proceso registro mas del 87% de los funcionarios previamente seleccionados por procesos de amplia validación como lo es la insaculación, la capacitación y en su momento, la coodinacion de la jornada electoral. Algo similar puede decirse de la participación efectiva que en el último proceso superó el 50% de participación respecto de la lista nominal. Es decir, el ciudadano ordinario participa en los procesos porque confía en ellos y sabe de su responsabilidad para alcanzar los mejores resultados: ejercicio democrático y participativo.

Así pues, las elecciones intermedias de los últimos tres sexenios presidenciales han resultado en un revés para los gobernantes –partido y presidente, desde 1997 con el último Presidente Priísta, Ernesto Zedillo-, habiendo tenido la misma suerte el primer Presidente de la Alternancia, Vicente Fox en 2003 y ahora Felipe Calderón. En el caso del Pan, logró remontar la desventaja e instaurar a Felipe Calderón en una apretada elección ligeramente ganada y certificada por una institución –el Instituto Federal Electoral-, que le valió una amplia reprobación pública y un descredito tal, que sustentó el cambio de varios de sus integrantes inmediatamente despues del concluido el proceso. Si bien el proceso electoral fue competido y los resultados reñidos, la actuación del juzgador del proceso no fue lo determinante como para dejar a todos convencidos de los resultados finales.

Nada nos dice que el próximo proceso presidencial será ganado por amplio margen ni por el partido en el poder –con menos posibilidades- que por el partido re emergente –el pri-, o la izquierda en proceso de reagrupación en torno de López Obrador. Lo cierto es que, son tiempos de sembrar los acuerdos necesarios y las previsiones que estos últimos procesos han hecho evidentes, para que cuando llegue la tempestad política y ciudadana del 2012, las instituciones y los procesos electorales tan laboriosamente construidos por los mexicanos, nos blinden de un conflicto de sucesión que desestabilice aún más nuestra enferma economía y precaria paz social, evento del cual estuvimos a unos pasos en el pasado proceso electoral de 2006.
Tras bambalinas apareció en no pocas menciones –por ponentes y comentaristas-m el tema de los centenarios: el de la independencia y el de la revolución. Se aludió a al carácter mágico de esas fechas para ilusionar escenarios convulsos el año venidero y las convocatorias a realizar un análisis serio y comprometido de los buenos avances y expectativas para quienes hace doscientos años alcanzaron la autonomía política en América Latina y en el caso de Mexico, su revolución y reconfiguración social. Lo cierto es que el contexto para celebrar la gesta libertaria es ahora único: nunca como ahora las buenas relaciones y comunicación entre Mexico y España son fluidas, cooperativas y constructivas de dentro de nuestro país los avances en modernidad y desarrollo institucional suficientes para canalizar las diferencias pero no necesariamente acabados.

Bien por el seminario, por sus participantes y convocantes y ahora, a estampar los compromisos en tareas realizables y elementos de análisis para el año venidero.