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Abstención y ley electoral en Cataluña

Lourdes López Nieto
viernes 04 de diciembre de 2009, 21:07h
Como sabemos Cataluña es la única comunidad autónoma que a fecha de hoy carece de ley electoral autonómica propia por lo que utiliza como subsidiaria la normativa electoral general . Este hecho podría sugerir la ausencia de especificidades electorales catalanas para regular los procesos electorales con las normas españolas. Esta significativa carencia de una de las reglas de juego básicas, muestra la ausencia de consenso entre las principales fuerzas políticas para determinar como se representan los votos de los ciudadanos, como se traducen estos en escaños y como se conforma la mayoría de gobierno, entre otros muchos objetivos.

¿Por qué Cataluña no tiene ley electoral? Sabemos que la prima o ventaja electoral en los procesos autonómicos la obtienen el PSC en el distrito de Barcelona y la de CiU es un poco mayor y la obtiene en los otros tres. Ello significa que es muy difícil que se modifique el diseño actual, salvo que ambos partidos, cuyos votos son esenciales para aprobar una ley electoral, se quieran hacer el harakiri. Los demás partidos solo están ligeramente “perjudicados” por las reglas vigentes. En suma, las fuerzas políticas no han sido capaces de alcanzar un acuerdo en este asunto crucial y por ello, no sorprende que Cataluña carezca de ley electoral.

Sin embargo, esta realidad contrasta con el extensísimo e intervencionista texto del famoso nuevo estatuto y las prisas por desarrollar determinados aspectos, como por ejemplo, el consejo de garantías estatutarias, que encajan difícilmente en el marco constitucional.

Ciudadanos por el Cambio (CpC), organización vinculada al PSC, viene presionando al gobierno tripartito sobre la necesidad de contar con un texto electoral. La respuesta del citado gobierno fue encargar a una comisión de profesores expertos en la materia la redacción de un proyecto de ley para regular las elecciones al Parlamento de Cataluña. El Parlamento de Cataluña lo recibió en junio y mientras este texto reposa, CpC lo ha tramitado como iniciativa legislativa popular (ILP). Los objetivos del texto son reforzar el papel de los ciudadanos frente a los partidos en el proceso electoral dando más protagonismo a la ciudadanía e intentar disminuir la desafección y el abstencionismo.

El noble, liberal y democrático objetivo de reforzar el papel de los ciudadanos choca y es contradictorio con el nuevo Estatuto de Autonomía. ¿Por que? Porque dicho texto estatutario institucionaliza y ampara numerosas formas de intervencionismo público en la vida de las personas. Además está ideado, regulado y puesto en marcha por los partidos políticos del gobierno tripartito, lo que sin duda impide el supuestamente ansiado objetivo de aumentar el protagonismo de la ciudadanía. El citado texto estatutario, similar a los aprobados en la tercera oleada de reformas y casualmente con semejanzas en las nuevas constituciones socialistas, populistas y bolivarianas de los países del ALBA, dedica 36 artículos a reconocer derechos entre diversos colectivos (menores, mujeres, mayores…) en los que se organiza a los ciudadanos. También se reconocen otros derechos (consumo, uso de la lengua, medio ambiente…), aunque unos y otros tienen por objeto fundamentar viejos y nuevos ámbitos de intervención pública. Es decir, todos ellos justifican el establecimiento de los denominados principios rectores para la intervención de los poderes públicos en asuntos tan dispares como la perspectiva de género, los medios de comunicación social, la memoria histórica o el fomento de la participación. En suma, este primer objetivo parece imposible de alcanzar.

¿Por qué se plantean como segundo objetivo disminuir el abstencionismo? Porque tratan de poner freno a la creciente abstención en las elecciones autonómicas en las que la participación ha ido disminuyendo y presenta un porcentaje más bajo que la media en este tipo de comicios, incluso comparando con comunidades que los celebran, como Cataluña, aisladamente. Por el contrario, en las elecciones legislativas la participación en Cataluña es muy parecida a la media nacional.

Aunque algunos redactores del proyecto legislativo ya han aclarado que no conseguirán frenar el abstencionismo de esta forma, el texto presenta varias singularidades respecto a las normas y prácticas electorales en Europa. Entre ellas, premiar la participación asignando escaños extra o suplementarios a los distritos que conciten más de un 60% de participación (art.57). En suma, si finalmente los partidos llegasen a aprobar dicho proyecto, lo cual resulta bastante improbable, también es casi imposible que el singular artículo 57 sea efectivo.

Si los políticos catalanes realmente quieren acabar con la abstención en las elecciones para elegir la institución, que según reza en la memoria justificativa de la ILP, es la expresión máxima de la nació catalana, les queda una solución practicada por otras democracias (pero también por regímenes no democráticos): implantar la obligatoriedad del voto en dichos comicios.
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