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Problemas en la interpretación del Estatuto de Cataluña

Se equivocan quienes piensen que resulta fácil la lectura constitucional del Estatuto de Cataluña y que sólo un prejuicio centralista impide un entendimiento de este instrumento de conformidad con nuestra Norma fundamental. A mi por ejemplo, como constitucionalista, me gustaría poder hacerlo. Pero hay cosas, sencillamente que no se pueden, que son imposibles, como saltar sobre la propia sombra o, como quería el barón de Munchausen, volar tirándose de los cabellos.
Ocurre además que a un ciudadano constitucionalista no se le puede pedir que admita el rebasamiento de la Constitución, consintiendo su devaluación o marginación, pues, como resulta obvio en el momento actual, lo que está en juego no es sólo la autonomía catalana. Cierto que los demás españoles estamos interesados en que el marco constitucional se entienda del modo más abierto e integrador, pero sin admitir excepciones que lo infrinjan o lo excepcionen.

Para mí el obstáculo más difícil de salvar desde el punto de vista constitucional es la regulación estatutaria de la lengua. No creo de verdad, puedo estar equivocado naturalmente, que haya dificultades insuperables para afirmar la constitucionalidad al fin del tratamiento de la nación y de los derechos históricos, que nos puede gustar mas o menos o parecernos mas o menos adecuado. Diría recordando a don Federico Sainz de Robles, el añorado maestro procesalista de mi juventud, que las regulaciones estatutarias de estos extremos aparentemente pugnan con la Constitución, pero finalmente pueden entenderse de acuerdo con la misma. Javier Perez Royo, y me alegra poder decirlo, acaba de escribir, en concreto, un artículo defendiendo la constitucionalidad del tratamiento estatutario de los símbolos nacionales de Cataluña en el periódico El País que suscribo al completo.

Pero encuentro enormes dificultades para avalar, desde un punto de vista estrictamente técnico constitucional, y los lectores saben que yo sí creo en los derechos de la lengua, el régimen de la lengua catalana que se estipula en el Estatuto. Creo que las abundantes referencias estatutarias a la regulación del uso del catalán, y a la obligatoriedad de su conocimiento, merecen reproches de fondo y de forma. Seguramente alteran la idea de bilingüismo equilibrado en el que está pensando la Constitución, según la cual, se trata de establecer una situación de convivencia perfecta entre el castellano y las lenguas autonómicas, sin que exista justificación para una política de imposición de una lengua sobre la otra, objetivo que parece perseguirse cuando se prescinde de la igualdad, atribuyendo la condición preferente o vehicular en exclusiva a una de ellas. De otro lado, tal bilingüismo descompensado genera desigualdad efectiva, pues hay ciudadanos en Cataluña que sencillamente no pueden disponer de sus oportunidades y de los servicios públicos en paridad de condiciones con quiénes sí saben catalán, y esa desigualdad no está consentida por el sistema constitucional. Por otra parte, desde un punto de vista formal, esta regulación lo que hace es producir un bloqueo normativo, que coarta la libertad futura del legislador ordinario autonómico, que no puede rectificar, claro está, la dirección de la política lingüística consagrada en el Estatuto. De modo que las decisiones lingüísticas tomadas por el legislador estatutario, en particular sobre la condición preferente y vehicular del catalán en, respectivamente, la Administración o en la Educación, prohíben para el futuro una regulación contraria al legislador autonómico; en realidad promueven, política y jurídicamente, sólo la política lingüística con aval estatutario, y dejan sin cobertura constitucional una posible línea discrepante de la regulación llevada a cabo en esta materia, limitando, como decimos, el ámbito de actuación del legislador ordinario autonómico. Honestamente, así lo veo.
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