¿Más justicia? Mejor justicia

Nunca podemos garantizar que el curso termina en julio, pero es innegable que el año concluye en diciembre y es el momento de echar la vista atrás y hacer algo de memoria. Hoy, si les parece, nos toca hablar de la Justicia, que, según repite machaconamente el barómetro del CIS, no es en sí misma una prioridad de la ciudadanía. Se valora como relevante la función que cumple pero al tiempo se la sitúa en el noveno lugar en la necesidad de la inversión pública.

Vivimos en una sociedad notablemente judicializada, como lo demuestra que año tras año se incrementa el número de asuntos o, expresado de otra manera, aumenta la carga de trabajo en los órganos judiciales (como ha concluido el Informe 2009 del Observatorio de la Actividad de la Justicia patrocinado por la Fundación Wolters Kluwer). Las formas alternativas para la resolución de los conflictos se mantienen dentro de unos niveles bajísimos, lo que demuestra una escasa confianza de los ciudadanos en lo que no sea la solución judicial de cualquier controversia.

¡Hay amores que matan!, exclamarían centenares de jueces sobrepasados por miles de asuntos nuevos. Sobrecargados, pero también infradotados de medios (sí, la cantinela de siempre), sujetos a unas reglas primitivas de organización y funcionamiento, incomprendidos, escasamente reconocidos y muy mal pagados. La carrera judicial está muy lejos de los parámetros retributivos mínimamente razonables, incluso dentro del sector público. Acostumbrada a soportar reformas legislativas, reestructuraciones definitivas, nuevas oficinas dibujadas como panacea universal, apuestas presupuestarias, lo cierto es que la carrera judicial las contempla con escepticismo y recae en su tumoral desmotivación y descreimiento, aunque eso sí sin dejar de poner sentencias, que en más del 75 por 100 son confirmadas en segunda instancia.

Saben, porque también lo sufren, que la duración de los procesos en los distintos órdenes jurisdiccionales está lejos de ser razonable. Según el Informe antes citado el 43,58% de los asuntos sometidos a los distintos Juzgados y Tribunales son resueltos en un plazo mayor del óptimo esperado. Quizás sea la frase más repetida: la Justicia es muy lenta (sin embargo se contradice con los números aquella otra afirmación compartida, según se decía, por el 75% de la población, de que es tan lenta que siempre que se pueda vale más evitar acudir a ella).

La expectativa de cualquier demandante es, desde luego, que su demanda “corra” en los Juzgados, pero desde luego si se plantea la pregunta en términos alternativos, prefiere que el juez disponga de tiempo para el estudio del asunto. La justicia de calidad no puede ser atropellada y a la carrera. No hay un plazo razonable universalizable pues son muchos los factores determinantes que deben ponderarse: la complejidad del asunto, el comportamiento de las partes (lealtad procesal), el cumplimiento por las autoridades de los plazos, y, por supuesto, la profesionalización de la oficina judicial, la carga de trabajo, ... Rigor más que rapidez, y cuando sea posible rigor y rapidez. Seamos serios y no miremos siempre hacia el mismo lado cuando hay tantas responsabilidades compartidas.

Se ha generado una enorme frustración. Ha cundido el desánimo pues a pesar del lema compartido en pro de una reforma estructural que coloque al Poder Judicial a la altura del Estado de Derecho que nos preside, siempre surgen obstáculos, zancadillas y egoísmos. Es difícil en este contexto mantener la esperanza pero no hay duda de que es necesario avanzar y apostar por ese avance, sin condicionamientos ni peticiones de principio. La Justicia sí tiene solución, una solución común y concertada por todos los actores que en ella son.