"El Ministerio de Vivienda fue una medida estrella demagógica"

Las familias españolas destinan casi el 37 por ciento de sus ingresos brutos anuales a la compra de la vivienda. ¿Cree que esa proporción es sostenible para las economías familiares?
No. Se debería llegar a esfuerzos familiares en la compra de vivienda que no pasaran del 30 por ciento y del 20 por ciento en el caso del alquiler.

¿Le sorprende que la morosidad hipotecaria se haya duplicado en un año?
No me sorprende porque hay familias en las que uno o varios o todos sus miembros han perdido su empleo y, por lo tanto, los ingresos familiares se han reducido. Y las familias que tienen cargas hipotecarias tienen serias dificultades para llegar a final de mes y para atender sus obligaciones. Ésa es una de las principales críticas que hay que hacerle al Gobierno. La ministra se ha limitado a aprobar el Plan de Vivienda 2009-2012, que es un plan muy similar a los anteriores cuando las circunstancias han cambiado radicalmente. Sólo ha adoptado el Gobierno una medida, que es una moratoria de un 50 por ciento en la cuota de amortización de las hipotecas. Esa medida ha sido un fracaso y la ministra no se ha preguntado por qué. A mí me contestó en su día, en comisión, cuando se lo pregunté, que los bancos tenían otros productos a los que se estaban acogiendo las familias. Si el Gobierno saca un producto que es peor que el que pueden ofrecer los bancos, es una medida que ha fracasado.

Según Funcas, centrar la riqueza familiar en la vivienda es arriesgado y, además, no es lo más rentable pero, ¿cree que las familias españolas tienen otra opción?
Las familias españolas deben tener con facilidad la opción de comprar y de vivir de alquiler. Nosotros somos partidarios de dinamizar el mercado del alquiler, pero no forzarlo. Eso debe ser una decisión de las familias. No se puede enviar el mensaje, como hizo el Gobierno a principios de la legislatura pasada, a las familias que han comprado su vivienda de que eso no es bueno para el país. Las dos situaciones son buenas para la economía. Lo que sí es cierto es que debe haber un mercado del alquiler más dinámico para facilitar esa opción y para facilitar la movilidad geográfica.

Los tipos han estado a la baja en 2009. ¿Tienen los españoles capacidad para reaccionar ante una posible subida en 2010 y el consecuente encarecimiento de las hipotecas?
Depende. Cada uno debería haber sido consciente a la hora de formalizar su hipoteca. Lo que sí es bueno es facilitarles a las familias que están pagando hipotecas, en tiempos de crisis económica, que puedan llegar mejor a final de mes. Por ello, nosotros hemos planteado, y ha sido rechazado por el PSOE, el incremento de la deducción por adquisición de vivienda habitual hasta el 25 por ciento. Además, que ese incremento de la deducción tenga un reflejo inmediato en las nóminas mensuales, al igual que se tiene en cuenta el número de hijos para calcular la retención de un trabajador.

¿Qué implicaciones va a tener la supresión de la deducción por compra de vivienda?
El Gobierno está enviando un falso mensaje a los ciudadanos diciendo que esa deducción es la que creaba un incremento de demanda. Nosotros consideramos que la deducción, cuando estamos hablando de vivienda habitual, no es un incentivo económico, sino una política social. Lo que ha hecho el Gobierno es decir que en el año 2011 se va a suprimir esa deducción por adquisición de vivienda. Por lo tanto, lo que ha hecho el Gobierno es enviarles un mensaje a los ciudadanos de que compren ahora porque les va a quitar la deducción. Y eso lo ha hecho para favorecer a los grandes poseedores de vivienda terminada: los bancos y los grandes promotores. Lo que se debe conseguir es que los precios se ajusten al mercado actual. Los datos oficiales dicen que, desde el momento más caro hasta ahora, la vivienda nueva ha bajado un 12 por ciento. No se entiende que la bajada sea tan pequeña en los tiempos de crisis que vivimos.

¿La solución a este panorama es fomentar la vivienda protegida?
Esa es una de las medidas. En este tiempo hay que conseguir un incremento de construcción de vivienda protegida. El problema no son sólo las ayudas, sino que todo el suelo urbanizable destinado a vivienda protegida que existe en los planeamientos municipales, se desarrolle. Por lo tanto, hay que dotar de medios suficientes a las corporaciones locales para que puedan impulsar el desarrollo de los suelos así calificados.

¿Cree que la Renta Básica de Emancipación está llegando realmente a todos los jóvenes que lo necesitan?
No y, además, hay unos retrasos enormes. Estos retrasos vienen motivados, principalmente, porque el Gobierno, que no tiene competencias, en virtud de transferencias, les encarga a las comunidades autónomas toda la tramitación y la obtención de los documentos justificativos que se ponen como requisitos. Pero luego, la comunidad autónoma tiene que enviar el expediente al Ministerio de Vivienda, que es el que finalmente les remite los fondos a los jóvenes. Esto lo hace el Ministerio simplemente por motivos de marketing, porque quiere que los jóvenes reciban el cheque directamente del Ministerio, para que sepan quién les paga. Y esto está creando muchísimos retrasos.

Según el último informe del Observatorio Joven de la Vivienda del Consejo de la Juventud de España, los jóvenes deberían ganar el doble para poder comprar un piso. ¿Están abocados al alquiler ante las dificultades de acceso al crédito y los bajos sueldos?
El problema que tienen los jóvenes, igual que otros colectivos, es la capacidad para ahorrar la entrada del piso. De todas formas, cuando se empieza una vida laboral, es lógico que se opte por el alquiler un tiempo y luego, cuando ya se está asentado laboralmente, se tome la decisión de comprar. Por eso, una figura que ha tenido mucho éxito ha sido el arrendamiento con opción a compra, que ha tenido un retraso en España de alrededor de cuatro años. Sobre todo, esta figura la empleó la Comunidad de Madrid y constituyó un éxito. El Partido Popular, en la legislatura pasada, propuso que el Plan Nacional de Vivienda la contemplara y fue rechazado por las dos ministras anteriores. Ya en el Plan vigente se recoge, por fin. Es muy aprovechable, sobre todo, por los jóvenes, que no se quieren arriesgar en la compra de una vivienda, la arriendan y, al cabo de cinco o siete años, pueden tomar la decisión de comprarla, imputando parte de esas rentas pagadas como precio de la entrada.

La Sociedad Pública de Alquiler nos ha costado cuatro millones de euros al año desde su creación en 2004. ¿Ha contribuido de manera definitiva al fomento de estas operaciones?
No. La Sociedad Pública de Alquiler ha sido un auténtico fracaso. En estos momentos, tiene alrededor de 12.000 contratos tramitados. Como comprenderá, 12.000 contratos en cerca de cinco años en toda España no inciden en el mercado del alquiler. Además, la Sociedad ha tenido unas pérdidas de cerca de 27 millones de euros, que no son sólo lo que ha gastado sino lo que se ha gastado menos lo que ha ingresado. Ha incurrido en varias ocasiones en quiebra y el Gobierno ha tenido que ir a salvarla. La Sociedad Pública de Alquiler estatal, cuando ya existen programas de alquiler de ámbito municipal o incluso de ámbito autonómico, no tiene ningún sentido. Prueba de ello es que el número de contratos de alquiler firmados es ridículo y que las pérdidas han sido un auténtico disparate. El Congreso de los Diputados y el Senado han pedido varias veces al Ministerio que disuelva y liquide la Sociedad Pública de Alquiler. En los tiempos que corren no se puede estar tirando el dinero de esa manera.

El Ministerio de Vivienda fue una de las aportaciones más vendidas del primer Gobierno de Zapatero, en cambio, ahora, ha pasado a un discreto segundo plano. ¿Qué balance haría de su actuación?
El Ministerio de Vivienda fue una medida estrella de Zapatero solamente desde el punto de vista demagógico. Zapatero sabía que el Ministerio de Vivienda en España no tiene competencias en materia de vivienda ni de ordenación del territorio porque la Constitución española otorgó las competencias en materia de vivienda a las comunidades autónomas. La prueba más evidente de la falta de competencias del Ministerio es que, alrededor del 94 por ciento de su presupuesto son transferencias a las comunidades autónomas y a las entidades financieras. Luego tiene un 4,5 por ciento de inversión, pero esa inversión no es en vivienda sino en rehabilitación del patrimonio arquitectónico y cerca de un 2 por ciento en gastos de personal. Con lo cual, el 96 por ciento de la gestión del presupuesto del Ministerio se destina a firmar los talones para pagar las nóminas, a las comunidades autónomas y a los bancos, porque no tiene ninguna inversión directa, con todo el coste que significa mantener un Ministerio. Para eso, con una Dirección General era suficiente.