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El padrón no es el problema

jueves 21 de enero de 2010, 01:35h
La polémica suscitada por la negativa del ayuntamiento de Vic a la hora de no empadronar en el municipio a aquellos extranjeros que permanezcan en España de modo ilegal ha reavivado el viejo debate sobre la inmigración. Desgraciadamente, dicho debate suele salir a colación cuando las cosas no van bien, léase crisis económica. En tiempos de bonanza, en España hacía falta una ingente cantidad de mano de obra, que en la actualidad sobra por la enorme debacle de la economía. España es el país que más empleo destruye de toda la Unión Europea, con casi cuatro millones de parados. Pero es ahora cuando empiezan a verse los desafueros de una errática política de inmigración auspiciada por el entonces ministro de Trabajo, Jesús Caldera.

El problema de las regularizaciones masivas de inmigrantes en situación ilegal tuvo como resultado un efecto llamada ante lo atractivo de la política de “papeles para todos” que España empezaba a poner en práctica -ante el estupor, dicho sea de paso, de la mayor parte de sus socios europeos, que veían cómo el territorio español se convertía en un coladero hacia el Viejo Continente-. De aquellos polvos vienen ahora estos lodos, agravados por la deficiente regulación en materia de extranjería llevada a cabo por José Luís Rodríguez Zapatero.

Así las cosas, el dictamen emitido ayer por la Abogacía del Estado concluía que no se puede denegar el padrón a ningún ciudadano. Así lo dispone una orden del Ministerio de la Presidencia de 1997, según la cual “la obligación de empadronarse en el municipio comprende a todas las personas que habiten en el término municipal al tiempo de formarse el padrón municipal de habitantes”. En este sentido, el artículo 15.1 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local –alma mater de la regulación normativa municipal en España- dispone que “todo español o extranjero que viva en territorio español deberá empadronarse en el municipio en que resida habitualmente”. De aquí se deduce que los ayuntamientos está obligados a empadronar a sus vecinos, con independencia de si su estancia en suelo español es acorde o no con los criterios de extranjería vigentes. O lo que es lo mismo, la competencia para declarar quién está en situación legal en España y quién no corresponde a la administración central, y nunca a la local. Ello no obsta para que determinados consistorios arbitren las medidas que estimen oportunas en aras a una mejor convivencia municipal -como la iniciativa del ayuntamiento de Torrejón de Ardoz para evitar los llamados “pisos patera”-. La pelota está ahora en Moncloa. Corresponde al señor Zapatero tomar las riendas o, lo que es lo mismo, gobernar. Por más que en materia de inmigración también precise de un par de tardes, al igual que en economía. O incluso más.

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