Iglesia y poder político en la España de hoy (y 2)

Una de las empresas más inaplazables de la Iglesia en el despegue del siglo XXI quizá estribe en la poda de ciertos aspectos temporales que, como huella de su pasado institucional, carecen de verdadera sustantividad. Vivos y operantes en otra época perdieron ya virtualidad y más que contribuir a la materialización del mensaje evangélico vienen en el mejor de los casos a relantizarlo. El Concilio Vaticano II vio clara la necesidad de la tarea, pero las prisas de última hora y otras circunstancias determinaron que su labor fuese alicorta en este plano meramente histórico y accidental en la trayectoria plurisecular del catolicismo.

En España, los beneficiosos efectos de dicha iniciativa serían, desde luego, bien pronto visible, contribuyendo al amortiguamiento del diapasón de su diálogo con la sociedad civil. Un sector crecientemente considerable de ésta se halla embarcado en un esfuerzo respetable por hacer avanzar un programa de laicismo moderado al que un clima de distensión facilitaría la aceptación parcial o total del lado de la Iglesia y la aceptación sin desasosiegos mayores por parte del conjunto social. Al no encontrarse afectado ningún aspecto esencial del Depositum fidei la viabilidad de un movimiento que adopta por momentos los aires de cruzada se vería si duda posibilitada –importará repetir- con una descrispación ambiental.

Pero, naturalmente, las esferas comprometidas por modernizar el status religioso y el contexto de las relaciones de la Iglesia con los poderes civiles tienen que afanarse también la consecución de una atmósfera propicia a un entendimiento “rentable” para una comunidad cuya identidad histórica se forjó al calor de la fe católica. Con los fundamentalismos dieciochescos ardida y, en ocasiones, virulentamente mantenidos como único soporte histórico de la teoría de los derechos humanos por algunos intelectuales frustrados en sus ambiciosas aspiraciones políticas y autoerigidos en conciencia crítica y suprema instancia moral de la colectividad democrática, es claro que se contribuye muy poco a construir un escenario tendente a la aproximación de posturas y al mutuo respeto. Ninguna religión positiva dista de admitir comparación con la cristiana en cuanto a su aportación al capital ético que, al día de hoy, constituye el fondo espiritual de la sociedad occidental, partera en solitario del mundo contemporáneo. Y, en una dimensión más casera y doméstica, la Escuela salmantina de Derecho de nuestro siglo de Oro supuso una contribución de primer orden y pionera de la doctrina de Derechos Humanos, basamento hodierno de la más preciada adehala de la Humanidad en la coyuntura presente. Olvidarlo o, peor, omitirlo, es una afrenta al mejor patrimonio del pueblo español y un torcedor en el camino de una recta y provechosa asunción de un pasado cuya honesta e inteligente interpretación se ofrece como premisa principal para una obra de progreso y concordia nacionales.

Tal vez el país no haya tenido demasiada fortuna a la hora de elegir sus líderes para las disputas en que se ventilan gran parte de su inmediato futuro. Tan grave error únicamente podrá repararse con una sobretasa de exigencia del lado de los círculos dirigentes de las fuerzas contendientes. La responsabilidad de una sociedad democrática se templa en dichas horas. Algo habrá de hacerse para no continuar con el diálogo de sordos en que en estos días se han convertidos las relaciones entre la Iglesia y el Estado.