PP y UPN presentan vetos en el Senado a la reforma de la Ley del Aborto

En el último día de plazo para presentar enmiendas a la ley, el PP ha registrado su veto al considerar que la reforma nace "sin consenso", no respeta la doctrina consolidada del Tribunal Constitucional y abre una "innecesaria polémica social". Los "populares" hacen referencia en su veto a las críticas incluidas en los dictámenes de los Consejos Fiscal y de Estado, así como al hecho de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por primera vez en su historia, "haya sido incapaz de emitir su dictamen por falta de consenso".

El PP denuncia la "total desprotección" de las menores de 16 y 17 años, así como la vulneración de los derechos y las obligaciones de los padres respecto a sus hijas, desde un punto de vista jurídico y social. Además del veto, el grupo parlamentario popular en el Senado ha presentado 28 enmiendas parciales a la ley, en las que, entre otros aspectos, pide que se establezca un periodo de reflexión mínimo de diez días para que la embarazada ratifique su consentimiento al aborto.

Aboga también por la confidencialidad sobre la identidad de los profesionales que opten por la objeción de conciencia y por que el Gobierno remita al Congreso, en el plazo de seis meses, un Plan de Apoyo a la Maternidad. El PP propone en otra de sus enmiendas que el Ejecutivo apruebe Comisiones de Evaluación para todos los centros sanitarios, y en las clínicas privadas ésta deberá ser externa y pertenecer a la sanidad pública.

UPN y CiU, también
El Proyecto de Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo también cuenta en el Senado con el veto de UPN y el del senador de Unió Jordi Casas, mientras que CiU ha presentado 26 enmiendas parciales.

Por su parte, el PNV ha registrado varias enmiendas, en las que propone ampliar el plazo de interrupción del embarazo desde las catorce semanas aprobadas por el Pleno del Congreso a dieciséis semanas, al tiempo que solicita que a la mujer que quiera abortar se le proporcione información de forma verbal, además de por escrito y en sobre cerrado.

Pretende también que las menores informen a los representantes legales, padre o madre, personas con patria potestad o sus tutores "previamente" a su decisión de abortar.

Asimismo, aboga por que la Ley entre en vigor en el plazo de veinte días a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en lugar de a los cuatro meses como votó el Pleno de la Cámara Baja.

Entesa ha registrado varias enmiendas a la ley, similares a las que presentó en el Congreso, y que versan sobre cambiar el concepto de "centros públicos y acreditados" por "centros públicos y privados autorizados".

Proponen destacar que los poderes públicos apoyen a la comunidad educativa en las actividades relativas a la educación sexual y la prevención de embarazos no planificados.

Especifica en otra de sus enmiendas que los dos médicos especialistas que deben emitir el dictamen previo a la intervención deben pertenecer a la especialidad de Ginecología y Obstetricia o Pediatría, o expertos en diagnóstico prenatal.