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El Gobierno y el juez Garzón

sábado 27 de febrero de 2010, 02:10h

Nunca hasta ahora se había dado el caso de que un juez en el ejercicio de sus funciones - Baltasar Garzón- tuviese abiertas tres causas penales en su contra. Todas ellas, conviene señalarlo, sustanciadas por distintas salas del Tribunal Supremo, lo que invalida la peregrina teoría de una supuesta conspiración para derribar la figura del celebérrimo juez. El asunto es sumamente grave, para empezar por la tipología de las causas en sí mismas. Pero además sorprende la postura activa –en ciertos momentos, se diría que partidista- que el Gobierno está tomando en defensa del juez a través de la Fiscalía.

El artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal dispone que “el Gobierno podrá interesar del Fiscal General del Estado que promueva ante los Tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público”. A tenor de los acontecimientos recientes, no cabe duda de que el precepto anteriormente citado se está cumpliendo en toda su literalidad. Baste si no con ver cómo la Fiscalía se ha ido oponiendo sistemáticamente a cualquier intento de –valga la redundancia- fiscalizar las actuaciones de Garzón. Actuaciones que, dicho sea de paso y con la ley en la mano -e independientemente de lo antipático que pueda resultarnos alguno de los colectivos querellantes- resultan profundamente discutibles. En primer lugar, con sus “estudios” remunerados en el extranjero por una entidad bancaria que posteriormente vería cómo Garzón fallaba a su favor en un asunto del que no se inhibió. En segundo lugar, abriendo una investigación a propósito de la Guerra Civil sobre personas sobre las que, o bien eran de aplicación las leyes de amnistía promulgadas durante la Transición, o bien hacía ya tiempo que habían pasado a mejor vida -recuérdese que Garzón dictó una providencia para cerciorarse de que Franco había muerto-.

Pero es la tercera de las causas penales abiertas contra Garzón la que más peso jurídico puede tener. Porque intervenir las conversaciones entre abogado y cliente es una medida extrema, que únicamente se puede llevar a efecto en casos de terrorismo. Y, en el caso “Gürtel” -por más que haya sido denunciado en las informaciones de este periódico y condenado sin ambages en esta sección editorial- se investigan delitos de corrupción y no terroristas. De ahí que la fijación de Garzón para conocer de primera mano la estrategia de las defensas grabando las comunicaciones con sus defendidos pueda ajustarse al concepto de “prevaricación” -dictar una resolución a sabiendas de que es injusta-. Por todo ello, el Ministerio Fiscal -o lo que es lo mismo, el Gobierno- debería extremar la cautela a la hora de interferir en conductas jurídicamente más que dudosas.

Uno puede reconocer y aún admirar la valentía del juez Garzón al enfrentarse a determinados delitos y tramas particularmente peligrosas y admitir, al tiempo, que, jurídicamente, ha ido demasiado lejos: buena prueba de ello son las tres causas que tiene abiertas. Bien haría el Ejecutivo en dejar a la justicia hacer su trabajo en lugar de inmiscuirse en el proceso.
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