Crece hasta 27.000 el número de objeciones a EpC

"Hasta ahora podemos afirmar que en toda España se han presentado al menos 27 000 objeciones y 3.000 de ellas en menos de un mes", ha afirmado Leonor Tamayo, coordinadora de la red territorial de Profesionales por la Ética. "Todo ello a pesar de las amenazas y presiones gubernamentales y autonómicas recibidas y cuando la asignatura solamente está implantada en siete comunidades autónomas", subraya la portavoz.

Según ha señalado el coordinador jurídico de Profesionales por la Ética, José Luis Bazán, a EL IMPARCIAL, "esta nueva sentencia es la primera que va al fondo del asunto y reconoce plenamente la vulneración de los derechos de los padres y, por tanto, el derecho de objeción a Educación a la Ciudadanía, dando una fundamentación sólida basándose en la jurisprudencia internacional del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la más específica y exacta al respecto."

"Si los tribunales actúan de forma lógica y defienden los mismos derechos, lo normal es que ante el recurso de apelación presentado por la Fiscalía al Supremo, éste actúe en la misma línea que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), ya que el derecho que deben defender ambos tribunales es exactamente el mismo", subraya el jurista.

Además, señala Bazán, "es muy probable que el TSJA vuelva a dictar el resto de sentencias que tiene pendientes en esta materia de la misma forma, sentando, en este caso, jurisprudencia".

Asimismo, José Ignacio Martínez, portavoz del foro Laicos Asidonia, destaca "que ha sido una gran alegría la llegada de este dictamen, fruto de un gran tiempo de lucha para que no se vulneren nuestro derechos fundamentales".

Martínez ha hecho también referencia a las recientes declaraciones del Presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, en las que tira la piedra y esconde la mano señalando que "podría haber algún ciudadano que piense que esta sentencia era una interferencia en plena campaña electoral, aunque él no lo cree".

El portavoz declara que "Chaves se cree que Andalucía es un cortijo y la gente no tiene la capacidad de pensar de forma individual".

Asimismo, Martínez destaca los numerosos recursos que ha presentado la Administración andaluza para intentar "evitar que sentencias, como la dictada por el Alto Tribunal andaluz, se hiciesen públicas antes de las elecciones".