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Firman un manifiesto

Investigadores y académicos denuncian el secretismo de Interior sobre criminalidad

Un grupo de académicos y representantes de las principales asociaciones de investigación en criminología de nuestro país ha firmado un manifiesto contra el secretismo con que el Ministerio del Interior trata los datos públicos sobre índices de criminalidad en España. Por su interés, reproducimos a continuación el texto íntegro.
El diseño de cualquier política pública en una sociedad democrática exige la participación del conjunto de la sociedad. No puede quedar exclusivamente en manos de los poderes públicos. Y ninguna decisión de política pública puede ser llevada a cabo sin atender a la información disponible sobre la realidad social en la que se quiere intervenir, o sin un debate abierto sobre la corrección y eficacia de las actuaciones a realizar.

La política criminal, como una política pública más, en este caso encaminada a la prevención y control de la delincuencia, no es ninguna excepción a lo anterior. La comunidad científica procedente del derecho y la criminología lleva años intentando aportar soluciones para un control de la delincuencia eficaz, y respetuoso de los derechos del conjunto de los ciudadanos.

En ese contexto han proliferado en los últimos años iniciativas para mejorar el conocimiento cualitativo y cuantitativo de la delincuencia. Instrumentos como las encuestas de victimización o los auto-informes han suministrado una valiosa información, que permite contrastar los datos de la delincuencia registrada, recogidos por los cauces oficiales del Ministerio del Interior, con los datos obtenidos directamente de las víctimas o de los propios delincuentes.

Con todo, las cifras oficiales de delincuencia registrada del Ministerio del Interior siguen constituyendo la más exhaustiva y regular fuente de información sobre la realidad delincuencial y, en consecuencia, su manejo resulta imprescindible para el desarrollo de cualquier propuesta político-criminal.

Sin embargo, los datos generales sobre la delincuencia que recopila el citado ministerio están lejos de constituir una información de libre acceso para la ciudadanía en general, y para la comunidad científica en particular.

Ha sido de lamentar que, hasta el año 2006, la información suministrada en la página electrónica del Ministerio del Interior fuera dificultosa de encontrar, de forma que un investigador no habituado, y ya no digamos cualquier ciudadano, tuviera que esforzarse para acceder finalmente al lugar donde se encontraban esas cifras. Una vez localizadas, el investigador descubría que los datos se ofrecían en formato cerrado, no pudiéndose acceder a las matrices, lo que impedía cualquier tipo de profundización en ellos mediante análisis secundarios. Finalmente, la integración de los datos procedentes de las Comunidades autónomas con competencias de seguridad transferidas está siendo de una extrema lentitud, hasta el punto de que hoy es la fecha en la que aún no se incorporan de forma sistemática a las estadísticas nacionales de delincuencia los datos procedentes de Cataluña.

Los defectos precedentes, aun siendo importantes, no son comparables a la situación que se ha generado a partir de la publicación de los anuarios estadísticos de 2007 y 2008, últimos aparecidos. Su estructura, contenido y presentación de los datos han sido sustancialmente reducidos, y se puede afirmar que la información suministrada carece de utilidad científica. Por lo demás, tampoco ofrece al ciudadano interesado una imagen mínimamente acabada y real de la delincuencia en nuestro país. Sus rasgos responden, más bien, a un instrumento de propaganda del Ministerio del Interior.

Esta actitud, ilegítima en cualquier caso, resulta además incomprensiblemente torpe, pues suscita desconfianza hacia cualesquiera afirmaciones del ministerio sobre la evolución de la delincuencia. Eso, en un momento en que todos los indicadores señalan el descenso de la criminalidad en nuestro país en los últimos años. Solo cabe pensar que se está poniendo el parche antes que la herida, consolidando un secretismo que permita en el futuro impedir la divulgación de evoluciones desfavorables de la criminalidad.

La buena disposición que, con frecuencia, muestra el Gabinete de estudios de seguridad interior (GESI), dependiente del Ministerio, para facilitar los datos que le solicitan profesionales e investigadores -previa solicitud individual y motivada, y tras la correspondiente espera-, no puede sustituir a la palmaria inobservancia del derecho de libre acceso a la información que, con las cautelas debidas por razones de orden público, es inherente a cualquier sociedad democrática.

La situación en que nos encontramos no guarda paralelo alguno con otros países de nuestro entorno. Sería prolijo enumerar las buenas prácticas existentes en muchos de ellos. Baste decir que en Estados Unidos, país tan preocupado recientemente por su seguridad, los datos generales sobre delincuencia, tanto policiales como judiciales y penitenciarios, se encuentran libremente disponibles, en un formato que permite análisis secundarios de los mismos por parte de académicos e investigadores.

Además, la situación que padecemos con los datos de criminalidad del Ministerio del Interior no se corresponde con el proceder de otros organismos nacionales que también poseen competencias en el suministro de otros datos sobre la delincuencia. El Instituto nacional de estadística (INE), tras haber firmado convenios con el Consejo general del Poder judicial y con el Ministerio de Justicia, publica información completa sobre las estadísticas de condenados y de menores, lo que hace mediante un formato que permite tener acceso directo a las matrices de los datos.

La insostenible situación de la información estadística sobre delincuencia registrada contradice, por otra parte, compromisos internacionales de España como, entre los más recientes, el derivado del Convenio del Consejo de Europa de 2009 sobre Acceso a documentos oficiales, y muestra, una vez más, la urgencia de aprobar una Ley de acceso a la información, ya existente en más de 80 países del mundo (Subirats).
Mientras eso no ocurra, la ciudadanía y los expertos interesados en la solución de los problemas sociales ligados a la delincuencia seguirán a merced de la arbitrariedad de los organismos oficiales en el suministro de la información que les es debida.

En concreto, y en relación con el asunto que nos ocupa, las personas e instituciones abajo firmantes demandamos que el Ministerio del Interior ponga a disposición de la ciudadanía y de los investigadores, de un modo completo, accesible, manejable y a intervalos temporales razonables, los datos estadísticos de que dispone sobre delincuencia, a salvo informaciones específicas que puedan comprometer el orden público o la seguridad.

Esa información, además, debe suministrarse en condiciones que admitan la realización de posteriores análisis, y homogeneizada, para que pueda procederse a comparaciones temporales en todo el territorio nacional y en sus diferentes regiones.

Creemos que nuestra demanda se corresponde, no sólo con la implicación que como personas y colectivos expertos tenemos en la mejora de los instrumentos de prevención y control de la delincuencia, sino igualmente con los derechos de participación en los asuntos públicos que tiene todo ciudadano de una sociedad democrática.

Firmantes
José Luis Díez Ripollés, director del Instituto andaluz interuniversitario de Criminología; Andrea Giménez-Salinas Framis, presidenta de la Sociedad española de investigación criminológica; Antonio Andrés Pueyo, director del Grupo de Estudios Avanzados en Violencia de la Universidad de Barcelona; Rosemary Barberet Havicam, representante en Naciones Unidas (Viena y Nueva York) de la Asociación Internacional de Sociología; Anabel Cerezo Domínguez, vocal de la Comisión científica de la Sociedad internacional de Criminología; José Cid Moliné, director del Grado en Criminología de la Universidad Autónoma de Barcelona; Mirenchu Corcoy Bidasolo, directora de la Licenciatura en criminología de la Universidad de Barcelona; Gonzalo Escobar Marulanda, director del Grado en Criminología de la Universidad de Gerona; Vicente Garrido Genovés, vocal del grupo internacional Campbell en Crimen y Justicia; Esther Gimenez-Salinas i Colomer, rectora de la Universidad Ramón Llull y ex miembro del Comité de Política criminal del Consejo de Europa; Elena Larrauri Pijoan, vicerrectora de Relaciones internacionales de la Universidad Pompeu Fabra y ex presidenta de la Sociedad europea de Criminología; Juan José Medina Ariza, miembro del Steering Comitee de Eurogang; Joan Josep Queralt Jiménez, jefe de estudios de Criminología, Política criminal y estudios de la seguridad de la Universidad de Barcelona; Cristina Rechea Alberola, directora del Centro de Investigación en Criminología de la Universidad de Castilla-La Mancha; Santiago Redondo Illescas, miembro del Grupo de Estudios Avanzados en Violencia de la Universidad de Barcelona y ex presidente de la Sociedad española de investigación criminológica; la Junta directiva de la Sociedad española de investigación criminológica (SEIC); la Junta directiva de la Federación de asociaciones de criminólogos de España (FACE); y la Junta directiva del Grupo de estudios de Política criminal (GEPC).


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