Las inversiones públicas tienen que ser sensatas

En todo el mundo hay un debate abierto sobre la cuantía y la naturaleza del gasto publico, por eso es oportuno señalar que hace décadas que en las Universidades existen cursos sobre evaluación de proyectos de inversión, como un ingrediente de cualquier intento de planificación de la actividad económica, principalmente la estatal. Estos cursos procuran contestar el interrogante básico de la asignación del gasto entre múltiples fines que compiten por recursos fiscales, que son siempre escasos para satisfacer al mismo tiempo las demandas colectivas sobre las disponibilidades presupuestarias. El interrogante a contestar es “como maximizar el aporte al bienestar colectivo de un acotado programa de inversiones y gasto público”. Incluso en el mundo socialista, ya bien al final de esta experiencia colectivista se comenzó a prestar atención a teóricos como Liberman y Kantorovich, que también intentaron contestar este interrogante. La CEPAL presto mucha atención a esta cuestión desde la década del cincuenta, cuando el economista Julio Melnick edita el recordado “Manual para la preparación y evaluación de los proyectos de inversión”; por décadas tanta la Cepal como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial organizaron cursos a lo largo y ancho de toda la América Latina difundiendo las técnicas requeridas para optimizar los procesos de inversión pública, procurando así maximizar la contribución positiva por unidad de gasto. Dicho en otros términos sacarle bien el jugo a la inversión pública, eligiendo y diseñando los mejores proyectos no solo en infraestructura como energía, transporte, saneamiento sino también en inversiones de carácter social como educación y salud. En la evaluación de proyectos de inversión se utilizan varias metodologías que procuran maximizar el valor presente neto de la inversión, mientras en algunos casos se procura seleccionar el conjunto “optimo” de proyectos que son capaces de generar el mismo nivel de beneficios al “mínimo costo”. Por esta razón fue una buena iniciativa de la Secretaria de Energía de Argentina realizar en el año 2006 el trabajo titulado “Evaluación Expeditiva de Aprovechamientos Hidroeléctricos”. Se trata de un excelente informe ya que analiza toda la información disponible sobre nada menos que 30 proyectos hidroeléctricos (no incluye los binacionales con Paraguay y Brasil) con una capacidad de generación en el orden de 8400 MW. Uno de los resultados principales de este informe es la denominada “calificación económica “de estos proyectos, estableciendo un orden de merito según el costo unitario de la energía generada por cada proyecto analizado.

El caso es que ahora el gobierno nacional apoya con el 70 por ciento el financiamiento de dos proyectos que encara la provincia de Santa Cruz, con costos tan altos (mas del doble que los mejores) por cuya razón se ubican apenas en los lugares 23 y 25 en este ordenamiento prioritario de 30 proyectos. Llama la atención que en el gobierno nacional no le hayan prestado atención al ordenamiento prioritario preparado por su propia Secretaria de Energía, que utilizo en este ordenamiento los principios elementales del análisis de costo-beneficio, propios de la tradicional evaluación de proyectos de inversión. La inversión proyectada en estos dos grandes proyectos hidroeléctricos en el Rio Santa Cruz es insensata, ya que con su enorme sobrecosto en la inversión sobrarían fondos para hacer muchos buenos emprendimientos hidroeléctricos en las provincias de Rio Negro, Mendoza, Chubut y Neuquén. Tendríamos así el mismo aporte a la disponibilidad energética pero a mucho menos costo, liberando significativos recursos para más inversiones en otras áreas. Insistir en proyectos costosos de nula prioridad podrá ser bueno para unos pocos, (consultores, gestores, financistas y constructores) pero es malo para el contribuyente y peor para el usuario que tendrá que pagar mayores tarifas eléctricas. No olvidemos que estas obras, por su largo periodo de construcción de mas de cinco años, deberán ser financiadas y afrontada por los próximos dos gobiernos nacionales. Como se ve el esfuerzo por propiciar inversiones públicas que sean sensatas debe ser permanente, si pretendemos un futuro mejor para todos.