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Gana el Estado de Derecho, no la Falange

sábado 27 de marzo de 2010, 01:57h
El artículo 24 de la Constitución consagra el derecho de “todas las personas” a obtener la tutela judicial efectiva. En base a ello, cualquiera puede acudir al órgano jurisdiccional oportuno si considera que le asiste la razón. Serán los tribunales de justicia, en última instancia, quienes estimarán la procedencia o no de dicha actuación. Los tribunales de justicia, que no los particulares o los medios de comunicación, por más que sea Baltasar Garzón quien ande por medio. Esto viene a colación de la campaña de apoyos que está recabando el mediático juez, cuyo colofón lo puso ayer el diario “El País” con un titular cargado y contaminado por una opinión particularmente sesgada –la cual aparecía luego desarrollada, en el género y lugar que resulta apropiado, en forma de un editorial. En el mismo se llegaba a afirmar que el procesamiento de Baltasar Garzón supondría una victoria de la Falange, entre otras consideraciones a cual más pintorescas, desde un punto de vista jurídico.

Además de pintoresco –e insólito en un sistema occidental de independencia y división de poderes- resulta sumamente preocupante que el diario de mayor difusión de España, el de mayor influencia en el Partido Socialista y, en general, en la opinión de izquierdas, defienda lo que equivale a una tesis favorable a la politización de la administración de la Justicia. Es lamentable entrar en el color político –por cierto, con errores notorios- de este o aquel juez instructor, olvidando de paso, y sospechosamente, la unanimidad de la Sala en el caso que nos ocupa. Esa discusión primitiva y disfuncional, nada aclara a los ciudadanos de a pié. Lo que nos interesa es el análisis jurídico de las medidas, autos, disposiciones y sentencias y si estas se ajustan a derecho y están bien fundamentadas. El intento de embadurnarlo todo con tintes políticos nada aclara, todo lo confunde y nos mete en una senda partidista de la Justicia de mala condición y peor final.

Cuando alguien es condenado en el marco de un sistema democrático, se entiende que hay razones objetivas para ello -que no subjetivas, como sucede en las repúblicas bananeras-. De ahí que se suela representar a la Justicia con una venda en los ojos; no puede haber distinciones entre unos y otros, lex erga omnes. Tres salas diferentes del Tribunal Supremo han encontrado motivos suficientes para abrir tres causas cuyo nexo en común es el comportamiento supuestamente irregular de Baltasar Garzón en el ejercicio de sus funciones. Si se demuestra que es así, el juez habrá de afrontar las consecuencias de sus actos como todo hijo de vecino. Caso contrario, su reputación no sólo no habrá sufrido menoscabo alguno, sino que saldrá reforzada.

Llama poderosamente la atención el empeño de algunos en situar a Garzón por encima de la ley. No lo está. Si no hubiese intervenido conversaciones que no podía intervenir; y si no hubiese ignorado una ley de amnistía -reclamando hasta la partida de defunción de Franco-, amnistía, por cierto, construida en su día para la izquierda, que no para amnistiar franquistas, y aprobada anteriormente a la disposición que regulaba la imprescriptibilidad de los delitos de genocidio, nada de esto habría pasado. Porque lo que aquí se dirime no es la ideología particular de nadie, ni las afinidades o distancia que una persona concreta pueda suscitar, sino actuaciones tipificadas como delito. Y si se prueba que tales actuaciones efectivamente se produjeron, no habrá ganado la Falange -por lo demás, perfectamente legitimada para ejercitar cuantas acciones judiciales estime oportunas, en la medida que se trata de una asociación o partido legal, dicho sea independientemente de lo antipática que la sigla pueda resultarle a este diario, no menos que a “El País”- sino el Estado de Derecho. Esa es la base de la seguridad jurídica de la que han de beneficiarse todos los ciudadanos por igual. Lleven toga o no.

Como en cualquier sistema jurídico de garantías, en el español de él hacen uso instituciones, colectivos y gentes de muy diversa condición, reputación e intención. Del y con el sistema se defienden delincuentes y sus abogados de los delitos que se les imputan. Esa defensa está garantizada precisamente por nuestro sistema normativo y los jueces están, entre otras cosas, para velar por su aplicación. Está en su propia naturaleza garantista, que del sistema se aprovechan personas e instituciones que carecen de buena imagen personal o política y de buenas intenciones. Se aprovechan, claro es, de instrucciones mal construidas y otros fallos de la administración de justicia. Pero lo hacen cuando se producen esos fallos, porque los jueces, cuando son honestos y buenos juristas, no tienen más remedio, les guste o no, que actuar conforme a derecho y reconocerlos, sea cual fuere su color político. Obrando de esa manera, aunque sea a instancias de un partido como la Falange que, al menos en 1936, fue golpista contra del Estado, a la postre quien pierde es la dialéctica de “los puños y las pistolas” y quien triunfa es el Derecho.
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