En dos años, tres casos de corrupción sitúan a Mallorca en el punto de mira

“La corrupción es desgraciadamente en este país un cáncer con metástasis”, dice con dureza el presidente del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernad, quien explica a EL IMPARCIAL que la situación es incontrolable. “Cuando tienes un tumor localizado es más sencillo aplicar el tratamiento adecuado, sin embargo, hoy contra la corrupción no se da abasto”, afirma.

Raro es el mes en el que los medios de comunicación no se hacen eco de un nuevo caso de corrupción en algún municipio. “España tiene un cáncer en materia urbanística y en financiación irregular tanto de los partidos como de algunos políticos”, dice Bernad, quien explica, además, la dificultad de perseguir estos hechos delictivos debido a que “en el ámbito estatal está todo corrompido con el asunto de las subvenciones y, en el caso de las comunidades autónomas y municipios, por el lucro urbanístico”.

Los recientes casos de corrupción destapados en Mallorca vienen a confirmar esta idea. Baleares es una zona muy marcada por el turismo y, en consecuencia, se ha visto afectada por un “boom” urbanístico que, de algún modo, ha allanado el terreno para prácticas ilícitas. En los últimos dos meses, los medios se han hecho eco de dos operaciones que han salpicado la democracia balear y, en concreto, la credibilidad de los dirigentes de PP y Unió Mallorquina (UM). Sin embargo, no es la primera vez que ocurre, ya que delitos de estas características vienen produciéndose desde 2008.

¿Cómo se gestó “Palma Arena”?
A finales de marzo de 2007, el presidente del Gobierno balear, Jaume Matas, inauguró el pabellón deportivo Palma Arena, que daría nombre al caso por el que iba a ser investigado. No fue hasta agosto de 2008 cuando el juzgado de Palma decidió abrir una instrucción para seguir la pista de un presunto delito en la edificación de este velódromo, después de que se recibiera una denuncia anónima que apuntaba a que costó el doble de lo que se presupuestó: de los 48 millones de euros iniciales se pasó a unos 100 millones.

Tras investigar el patrimonio de Matas, en diciembre de 2009, el juez instructor imputó nueve delitos al ex presidente balear, entre los que destacan los de prevaricación, cohecho, malversación de fondos y apropiación indebida. El pasado 25 de marzo, y tras quince horas ante el juez, reconoció haber cometido fraude fiscal al haber pagado la reforma de su “palacete” de Palma con dinero “negro”, pero siguió desvinculándose del sobrecoste del Palma Arena y acusó directamente al ex director general de Deportes, José Luis “Pepote” Ballester, quien se encuentra en libertad bajo fianza.

La situación se precipitó hasta obligar a Matas a pedir la baja temporal del PP tras 17 años de militancia, antes de que la dirección del partido en Baleares tomara la decisión bajo el mandato de Génova. Así, el líder del PP, Mariano Rajoy, aceptó la salida del ex dirigente balear al tiempo que el partido “le deseaba lo mejor”.

El pasado martes, el magistrado del caso decretó para el ex presidente balear prisión provisional que podrá eludir mediante el pago de una fianza de tres millones de euros en un plazo de 72 horas (hasta el 7 de abril). Desde Manos Limpias, Bernad se muestra satisfecho con la resolución judicial, que considera un “aviso” para quienes se dedican a la corrupción, y afirma que condenas como esta “siempre llegan tarde” y “cuando el daño ya está hecho”.

Operación Maquillaje
El asunto que implica a Matas ha sido el más grave que ha acaecido en tierra mallorquina, pero no el único. En noviembre de 2008, una nueva trama corrupta asoló Mallorca, “el caso Andratx”. Eugenio Hidalgo, alcalde “popular” del municipio mallorquín, fue condenado a siete años de inhabilitación para cargo público por prevaricación, mientras que el ex director general del Territorio, Jaume Massot, fue condenado a cinco años de prisión por corrupción urbanística.

Este año, la ex presidenta del Parlamento balear, María Antonia Munar, dejó su cargo tras haber sido imputada en la “Operación Maquillaje” por supuesto desvío de fondos públicos del Consell y presunta financiación ilegal de Uniò Mallorquina a través de contratos y subvenciones a productoras audiovisuales afines. Ahora, la ex líder de UM se encuentra en libertad bajo fianza de 350.000 euros, aunque sigue imputada por corrupción.

Los tres casos han conseguido llevar a la calle en repetidas ocasiones a los ciudadanos que, cansados de tanta corrupción, se han manifestado para exigir una renovación política en profundidad. Una reforma que parece dar pasos en positivo tras la presentación de la nueva ejecutiva del PP en Baleares encabezada por José Ramón Bauzá, quien contará con Carlos Delgado, su adversario interno y alcalde de Calviá, en calidad de vicepresidente.