La muerte de Cristina reabre el debate sobre la Ley del Menor

La conmoción que ha invadido la población toledana de Seseña por la muerte de la niña de 14 años Cristina Martín de la Sierra ha reabierto nuevos frentes en la polémica social. Debido a que todas las pesquisas realizadas por las fuerzas policiales apuntan a que el crimen ha sido perpetrado por otra menor, esta vez de 15 años, compañera de la víctima y con la que había quedado para ajustar cuentas.

El hecho de que tan horrible delito haya sido perpetrado, supuestamente, por una menor del entorno de la víctima no ha hecho sino reabrir el intenso debate existente sobre las penas que deberían afrontar los menores que comentan delitos graves o de sangre. En este sentido, el caso de Seseña viene a sumarse a una lista de casos tristemente famosos como el asesinato y violación de Sandra Palo o la desaparición de Marta del Castillo.

En la actualidad, el Código Penal español señala que si el menor que incurre en un delito tiene menos de 14 años deberá ser puesto en libertad en un régimen de vigilancia domiciliaria. Por otro lado, en caso de que el menor tenga entre 14 y 18 años, como es el caso de la niña sospechosa de asesinar de Cristina Martín de la Sierra, la pena máxima será el internamiento en un centro correccionario con el objetivo de reformar la conducta del menor.

Numerosas asociaciones han denunciado que esta clase de penas no son sino un parapeto tras el que se protegen muchos menores para delinquir, sabedores de que las penas, mientras sigan teniendo menos de 18 años, serán mucho más benévolas que las habituales para este tipo de delitos graves.

a chica de 14 años detenida en Seseña (Toledo) por la muerte de Cristina Martín de la Sierra pasará, en el caso de ser encontrada culpable, un máximo de cinco años en un centro de internamiento y otros tres en régimen de libertad vigilada.

Así lo determina el artículo 10.2 de la Ley reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, conocida como ley del menor.

Dicha norma establece que a quienes cometan delitos de homicidio o asesinato con catorce o quince años se les podrá imponer una medida de internamiento en régimen cerrado de uno a cinco años de duración, complementada en su caso por otra medida de libertad vigilada de hasta tres años.

En el caso de que al cometer los hechos el menor tuviera dieciséis o diecisiete, se le puede aplicar una medida de internamiento en régimen cerrado de uno a ocho años de duración, complementada en su caso por otra de libertad vigilada con asistencia educativa de hasta cinco años.

El fiscal jefe de Toledo, José Javier Polo, ha comentado hoy en rueda de prensa que la Fiscalía perseguirá la rigurosa aplicación de la ley, pero ha dejado claro: "no corresponde al fiscal delimitar cuál es la legislación adecuada, sino aplicarla en los términos que la ley del menor permite".

En su comparecencia ante los periodistas, también ha indicado que la Fiscalía exigirá "las responsabilidades penales y civiles que procedan", pero "sin ningún acaloramiento y sin ninguna precipitación", para no "dar pie a ninguna idea de venganza".