La causa de Garzón en Argentina

La noticia sobre la querella presentada esta semana en Argentina por diez asociaciones y dos particulares para juzgar crímenes del franquismo, además de acentuar los niveles de controversia del proceso que se le sigue Baltasar Garzón, constata que en América el juez goza de un sustancial séquito de seguidores por sus iniciativas para procesar los crímenes de las dictaduras suramericanas, siendo el enjuiciamiento del ex dictador Augusto Pinochet la que más impacto y debate internacional ha generado.

Si bien Garzón posee un buen número de defensores al otro lado de Atlántico, lo cierto es que pese a las simpatías que está figura despierta en otras latitudes, los crímenes del franquismo deben ser evaluados y juzgados por la justicia española y no por otras que salgan de esa competencia.

Aún cuando el gobierno español ha prestado su ayuda para esclarecer los crímenes de lesa humanidad de la dictadura argentina, lo cierto es que no ha intervenido directamente con un proceso que le corresponde exclusivamente al país suramericano. Un panorama que contrasta con la querella presentada por organizaciones como la Madres de Plaza de Mayo o la Asociación de Recuperación e la Memoria Histórica, para que los hechos ocurridos durante el franquismo sea llevados al poder Judicial argentino.

El juicio de Garzón y su iniciativa investigar los crímenes de la Guerra Civil, coincide con el juicio que se sigue en Argentina sobre las torturas que tuvieron lugar en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), la sentencia en Chile a otros cinco años más de prisión al que fuera el jefe Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el general Manuel Contreras Sepúlveda; o el debate en Uruguay sobre la derogación Ley de Caducidad.

Es indudable que en Sudamérica existe una importante sensibilización con respecto a Garzón y a su causa de investigar los crímenes de la Guerra Civil; sin embargo es el Estado español el que tiene, la obligación, el deber y la potestad de ser de juez de su propia historia. Y el problema jurídico –que es el que le ha complicado la vida al mediático juez- es que la ley española de amnistía, a diferencia de la legislación similar de otros países americanos, es muy anterior a las disposiciones internacionales que entienden sobre el genocidio. En este sentido, cualquier juez debe conocer el principio de no retroactividad de las leyes y, si se lo salta, queda expuesto a que le interpongan una querella por prevaricación.