El desbarajuste autonómico

La escenificación del divorcio de populares y socialistas manchegos a propósito del estatuto de autonomía de su comunidad tiene una particularidad sobre otros casos semejantes y es que, hasta el último momento, tanto José María Barreda como María Dolores de Cospedal han intentado ponerse de acuerdo. Que haya sido posible o no es otra historia, pero el caso es que ambos han visto que el camino correcto era el común. Tal y como están las cosas en el patio autonómico, es todo un avance. Más que nada, porque ni siquiera entre miembros de un mismo partido se sigue un discurso común. Buena prueba de ello es el agua que, más que unir, parece que divide; o el blindaje de competencias en materia económica, como el ya famoso “cupo vasco”, recurrido por el Partido Popular de La Rioja y apoyado sin embargo por sus correligionarios en Euskadi.

Es comprensible que los políticos de comunidades autónomas focalicen su actuación dentro de lo que es su ámbito geográfico de influencia, pero ello no obsta a que hayan de perder la perspectiva nacional. Máxime si, como es el caso de PP y PSOE, se trata de partidos con vocación de gobierno. En base a ello, hay que reprochar a ambas formaciones políticas que tengan desatendidas cuestiones que afectan al Estado en su conjunto en detrimento de determinados terruños. El desarrollo autonómico en España alcanza cotas no vistas en ningún otro país; quizá demasiado. Porque tan malo es un centralismo exacerbado como una descentralización que implique desgobierno en materias fundamentales.

Cuando José Luis Rodríguez Zapatero llegó al poder, derogó entre otras cosas el Plan Hidrológico Nacional y la Ley de Calidad de la Enseñanza. Agua y educación, dos aspectos fundamentales de toda sociedad que deberían gozar de una cierta base común; para ello son cuestiones que afectan a todos. Ciudadanos, y no territorios, ése debería ser el caballo de batalla de los que tienen responsabilidades políticas. No en balde, llevan aparejada una vocación de servicio público cuyos principales beneficiarios han de ser las personas físicas con quienes firman el contrato social al ser elegidos, y no el territorio como ente impersonal.