La Generalitat recortará salarios en el sector público y subirá impuestos a las clases altas

El conseller de Economía y Finanzas de la Generalitat, Antoni Castells, en rueda de prensa posterior a una reunión extraordinaria del Consejo Ejecutivo, ha informado de que el Gobierno catalán ha aprobado un conjunto de medidas para contener el gasto público, con el propósito de reducir en unos 1.700 millones el déficit.

El martes, el Gobierno aprobará nuevas medidas contra la crisis, en su reunión ordinaria. Será entonces cuando se concreten otros aspectos, como qué inversiones previstas se ralentizan, cómo se procederá a reordenar y simplificar el sector público, y si el recorte afecta también al retraso de la extensión de la prestación de nuevos servicios públicos que estaban previstos.

El personal de los colegios concertados verá reducirse su sueldo en un 5% a partir de junio, al igual que lo hará el personal docente de las escuelas públicas, según aprobó hoy el Gobierno catalán en el marco del decreto ley de medidas de contención del gasto público para paliar el déficit en Cataluña . En el caso del sector concertado sanitario y de servicios sociales la Generalitat recortará la subvención en un 3, 21% y 1,18%, respectivamente.

El total de personas afectadas por el tijeretazo de la Generalitat será de entre 220.000 y 240.000, según apuntó el conseller, quien quiso señalar que esta decisión es para el tripartito algo duro, un "sacrificio" que no es agradable para el Govern, pero auguró que permitirá "obtener resultados positivos que valdrán la pena".

Además, Castells avanzó que se da un mes de plazo para presentar un anteproyecto de ley que contemplaría una subida de impuestos a las clases altas, que podría ser a través del IRPF u de otra figura impositiva. En cualquier caso, el objetivo es que el Parlament lo apruebe por la vía de urgencia. Con todo, Castells dejó claro que la subida de impuestos no podía hacerse a través de un decreto ley, ya que el Tribunal Constitucional (TC) ha establecido en su jurisprudencia que ello debe hacerse mediante una ley al respecto. Castells avanzó que el propósito es "establecer medidas fiscales, a través del IRPF u otras figuras tributarias, que graven de forma progresiva las personas con capacidad fiscal elevada". Por ahora, no hay concreciones sobre a partir de qué renta anual se subirán los impuestos, ni tampoco a qué personas afectará.