El régimen de Ben Ali desafía a la Unión Europea

El Secretario de Estado español para asuntos europeos, Diego López Garrido, al tener España la presidencia rotatoria de la Unión hasta julio próximo, declaró que "se ha llegado a un acuerdo sobre la formación de un grupo de trabajo cara al estatuto avanzado" que será acordado a Túnez. Parecían pues quedar atrás las reticencias manifestadas por varios países de la Unión, en particular los escandinavos, sobre la falta de progreso en el tema de derechos democráticos y libertades individuales en Túnez, indispensable para acordar al régimen de Ben Ali un acuerdo de tales características.

No había transcurrido una semana desde el encuentro de Bruselas, cuando el gobierno tunecino puso sobre el tapete del Consejo de ministros un proyecto para la revisión del Código Penal, Artículo 61 bis, con el objetivo de aumentar el control y la represión de las voces críticas con el régimen en materia de derechos humanos.

El artículo del que se propone la revisión cara a su endurecimiento, contempla varios aspectos que se refieren a "la seguridad exterior" de Túnez. En su versión actual ya condena el hecho de "contactar agentes de una potencia extranjera con el fin de dañar la situación militar o diplomática de Túnez". Las personas culpables por este artículo pueden ser condenas actualmente a 20 años de prisión. La formulación empleada en el artículo es por otra parte común en casi todos los países. Lo que quizás no lo sea es su aplicación.

Pero si las enmiendas propuestas en el Consejo de Ministros salen adelante, lo que nadie duda, el citado artículo sancionará además a "todas las personas que contacten con organismos extranjeros" con el fin de dañar los intereses del país, en particular su "seguridad económica".

En el seno de las organizaciones y asociaciones tunecinas de defensa de las libertades y derechos democráticos, se ha disparado la alarma. Pues estiman por unanimidad que esta modificación de la Ley tiende a llevar ante los Tribunales a todos aquellos militantes que hacen lobby ante las diversas instancias de Naciones Unidas y de la Unión Europea, para atraer su atención sobre la precariedad de los derechos y libertades en su país.

El portal digital Tunisie News, sostiene además que "este proyecto es manifiestamente una respuesta directa de las Autoridades tunecinas a las reuniones organizadas por los defensores de derechos humanos en el mes de mayo en Madrid y en Bruselas". Y que si se deja sin respuesta por parte europea, conllevará una mordaza a todas las voces críticas con el régimen.

El Consejo de Ministros tunecino adoptó las enmiendas al citado Artículo del Código Penal en su reunión del 19 de mayo. Una comisión parlamentaria lo debe examinar antes de someterlo a la aprobación del Parlamento para su promulgación. "Sólo una intervención de la Unión Europea, en este caso de España que ostenta la presidencia actual, podrá impedir la adopción de esta nueva ley represiva", afirma a EL IMPARCIAL un portavoz de la oposición democrática tunecina.