Una mordaza para Berlusconi

La aprobación por el Senado italiano del polémico proyecto legislativo, llamado “ley mordaza”, representa la enésima capitulación de la democracia italiana y el resurgimiento en los ciudadanos de una extraña sensación a medias entre vergüenza e impotencia. A partir de su aplicación, la ley limitará el uso de las interceptaciones que sólo se podrán realizar cuando el fiscal detecte “graves indicios de delito” y durante un máximo de 75 días. Asimismo, la norma prevé penas de hasta 450.000 euros para los editores que las publiquen durante la investigación preliminar.

En un Estado moderno y democrático, los órganos jurídicos deben contar con la total libertad en la búsqueda de pruebas contra el crimen; las informaciones deben circular libremente, permitiendo a los ciudadanos de valerse de su derecho a acceder a las noticias para comprender y ejercer su función de control de la actividad pública. Sin embargo, con su voto el Gobierno, parece seguir con su “estrategia criminal”, ya que como presentada, la norma afecta de manera muy profunda al sistema judicial, a la ya complicada lucha antimafia y a la, frecuentemente, amenazada libertad de prensa. Una vez más, Berlusconi y su Gobierno se mofan del pueblo italiano, presentando una ley que, con el absurdo pretexto de defender la intimidad ciudadana, obstaculiza la libertad de investigar los delitos y acciones criminales, redimensiona la libertad de prensa y de información, limita el derecho de los ciudadanos a ser informados y formar una opinión pública crítica e instruida. Esto da miedo a quién prefiere actuar de forma turbia y discutible.

Legalidad e información como pesadillas de Berlusconi, el miedo a que jueces y periódicos revelen los escándalos de corrupción: Berlusconi necesita “privacidad” y nadie que le escuche, alegando que “es lo que desean todos los italianos”. Pues no: a mi personalmente no importa si escuchan mi llamada a mi abuelo recordando la grandeza política de Berlinguer o a mi hermana sobre el peso de mi sobrino. Pero se ve, que las llamadas de su entorno político se mueven por otros canales, tienen otro tono.

Paradójico que el actual Gobierno afirme que “centro de su política es la seguridad”, para luego obstaculizar las escuchas, instrumento indispensable en la luca contra el crimen. Da rabia que parezca tan evidente que la ley mordaza niega a los ciudadanos el derecho a ser informados y la libertad de buscar pruebas de los crímenes. ¿Estará todo esto relacionado con el escándalo de la Protección Civil donde las interceptaciones han permitido escuchar las vergonzosas risas de los constructores amigos del Gobierno, felices por el terremoto de l’Aquila ya que esto se convertía en un buen negocio? Una vez más, la defensa de la privacidad se convierte en la excusa perfecta para reducir la libertad de investigación y de información. Magistrados y periodistas, los enemigos públicos del actual Gobierno. No quieren que nuestro país pueda contar con todos los medios en la lucha a la criminalidad y a la ilegalidad, garantizando al mismo tiempo la transparencia de la información. No, eso no importa. Por eso, subrayamos que se trata de batalla de libertad y democracia, ya que no se puede permitir que sea el Gobierno quien decida qué noticias son importantes, momento y cantidad de lo que se publica. Da grima que la defensa de la intimidad subyazca un efecto intimidatorio contra la prensa (como demuestran las carísimas sanciones) y obstaculice la batalla contra el crimen organizado, una de las plagas de Italia, que, con esta norma, sufrirá un enorme retroceso. Como demuestra el caso de Estados Unidos, en la lucha contra la mafia y los delitos de cuello blanco, las escuchas representan un instrumento básico.

“Muerte de la libertad y de la democracia”, “estado de ilegalidad constante en el Parlamento”, “una cosa así no hubiera sucedido ni con Mussolini”: en Italia, más de una voz compara la acción del gobierno con el modelo fascista ya que ambos han prescindido de las reglas constitucionales y del Parlamento. El diseño autoritario de Berlusconi sigue en acto y la ley confirma la tentación dictatorial del actual primer ministro, que sólo unos días antes afirmaba “Gobernando teniendo en cuenta la Constitución es un infierno”. Una vez más, Berlusconi ataca frontalmente la arquitectura institucional de Italia (Napolitano calla…) y la división de poderes.

Hasta el método con el que el Gobierno ha decidido aprobarla provoca disgusto e irritación: texto blocado y recurso a la cuestión de confianza que permite saltar el debate de enmiendas y que como afirmado por la Conferencia Episcopal es “antidemocrático”. Recuerdo las acusaciones de la prensa berlusconiana (y de sus televisiones) a Prodi sobre el uso de este instituto: ¿nadie cree que represente un grave abuso que el Cavaliere recurra a eso por la trigésima cuarta ocasión desde el inicio de su legislatura (2008)? Sobre todo si recordamos que cuenta con los números de votos suficientes para obtener la aprobación de cualquier ley le interese. Pero lo que no quiere es el debate, la discusión, la democracia. Un Gobierno democrático debe garantizar la información de sus ciudadanos; anhelar que se forme una opinión pública libre, autónoma y crítica.

Finalmente, planteado así el debate y la aprobación de una ley tan controvertida, es inevitable la impresión de que, una vez más, los parlamentarios italianos se preocupan de salvaguardar la casta de Gobierno. La Casta: mientras tanto, la Unión Europa calla…