¿Bipartidismo y concordia?

Las elecciones generales han dado como resultado un crecimiento del bipartidismo. Si esto es una tendencia que se consolidará en el futuro o una realidad dependiente de un sistema electoral que favorece al PP, al PSOE y a los nacionalistas, y perjudica a terceros partidos de ámbito nacional, será difícil de averiguar si no se cambia el sistema electoral y se crea un auténtico mercado político de libre competencia. Es cuestión compleja por diversos motivos: primero, porque los que deberían modificarlo son los grandes beneficiados; segundo, porque no es fácil sustituir a la provincia como circunscripción electoral y de tomarse esta medida debería ir acompañada de una profunda reforma del Senado, que transformase a esta cámara en la sede del juego de intereses de las autonomías, lo que implicaría al mismo tiempo una reforma de la Constitución y una redefinición de las funciones del Congreso; y, tercero, porque un mercado de libre competencia política podría dar lugar a un Parlamento muy fragmentado e ingobernable, a la italiana, para entendernos. Una opción más viable sería mantener la provincia como circunscripción electoral, pero ajustar mejor el número de diputados por provincia a la población y, a través de listas abiertas, permitir que los ciudadanos además de los diputados de su provincia eligiesen otros diputados a nivel nacional. El riesgo de este sistema es la posibilidad de un excesivo pluripartidismo. La ventaja, que podrían surgir uno o varios partidos bisagras que competirían con los partidos nacionalistas por el apoyo al Gobierno de turno, léase gobernabilidad. Los partidos nacionalistas se verían obligados a abandonar sus posiciones maximalistas. El sistema actual podría funcionar muy bien si PNV y CiU, principalmente, pero también el resto de partidos nacionalistas, hubieran mantenido la lealtad constitucional y hubieran borrado de su perspectiva de futuro la ruptura de la soberanía española. Lo que no tiene sentido es jugar un partido alineando en el equipo a aquéllos que dicen que no les interesa el resultado final, o sea, el proyecto común, sino que lo que quieren es romperlo. PNV, CiU y ERC han dicho claramente durante la pasada legislatura que su objetivo es la soberanía independiente del País Vasco y Cataluña, respectivamente. Es legítimo que lo defiendan, la cuestión es si tiene sentido gobernar con quienes lo que pretenden es a medio o largo plazo perder el partido. El PSOE debería meditar ahora serenamente los límites de sus alianzas, cosa que no hizo al pactar con ERC. Esas alianzas son legítimas y necesarias parlamentariamente, pero los principios deben estar claros.


El resultado electoral más que un bipartidismo funcional que permita una alternancia continuista en las líneas claves del futuro lo que muestra son bloques contrapuestos y enfrentados, que a pesar de los mensajes iniciales de concordia y consenso no está claro que vayan a llegar a acuerdos. Es más, el PP puede caer pronto en la idea de que la legislatura puede ser corta si el Gobierno no consigue apoyos estables, y éstos no son fáciles por distintos motivos: CiU va a tener difícil “vender” que lo que consiga en Madrid lo gestionará el Govern de Montilla; el PNV tiene convocado un referéndum autodeterminista de nulo encaje constitucional y a muchos socialistas -pienso- les va a ser difícil tragar pactos con el PNV si previamente no hay marcha atrás (debe pesar la experiencia de los acuerdos proestatuto con ERC) y, paralelamente, el PNV puede pensar que puede salir trasquilado, como ERC, de un posible pacto con el PSOE; IU ha quedado reducida a la nada y es posible que opte por una política de clara diferenciación del PSOE y radicalice su discurso izquierdista; CC gobierna con el PP en Canarias y le será difícil explicar una doble moral; Rosa Díez no parece estar por la labor de apoyar el Gobierno de sus excompañeros; Na-Bai suma poco, y sólo está claro el apoyo del BNG, que sabe que necesita del PSOE, y el PSOE de él, para gobernar en Galicia.


Se habla mucho de consenso pero no se concreta. El PP puede seguir optando por la confrontación (Aguirre parece tenerlo claro y ha anunciado la insumisión a una ley en vigor, la de educación -¿qué diríamos si esto lo hubiera dicho el lendakari?-) y el PSOE puede continuar instalado en actitudes poco conciliadoras como en la pasada legislatura, pero sí de verdad les preocupa el futuro de los ciudadanos más allá del de las burocracias propias, deberían sentarse y dialogar, al ser posible también con el resto de partidos parlamentarios. El nuevo Parlamento debería auspiciar varias mesas de diálogo que no dependiesen de las rigideces de las comisiones parlamentarias, y que permitiesen convocar a expertos de la sociedad civil, para en un plazo razonable sacar unos cuantos programas marco a diez años vista, rigurosos en sus principios pero flexibles en su aplicación en función de las circunstancias. Algunas de estas mesas deberían ser:


Mesa para la reforma y mejora de la justicia, de forma que pueda ejercer su función como poder independiente, lo que obligaría a dotarla de medios suficientes y despartidizar sus órganos de gobierno.


Mesa para la mejora de la educación y la apuesta por una sociedad del conocimiento, que debe traducirse en un esfuerzo conjunto del Estado y de la sociedad por la educación, la investigación, el desarrollo y la innovación.
Muy relacionada con ésta última, una mesa para afrontar los retos económicos del futuro: productividad, desarrollo y cambio climático, grandes infraestructuras (incluidas las del agua), inmigración, etc.


Mesa para la reforma constitucional sobre la base del informe que en la legislatura pasada aprobó el Consejo de Estado. Una cuestión clave es el desarrollo funcional de la estructura autonómica del Estado. Frente a las voces que se oyen para que se cierre el marco competencial, pienso que lo que debería hacerse es facilitar la gestión de competencias según el principio de subsidiaridad (que ejerza la función quien mejor lo pueda hacer: Estado, Comunidades Autónomas o Municipios) en un marco abierto propio de sociedades complejas como las actuales, pero que se refuercen los mecanismos para que el Estado pueda aplicar eficazmente la legislación básica y los mecanismos para que un órgano colegiado formado por el Estado y la Comunidades Autónomas pueda desarrollar las funciones de armonización ya previstas en la Constitución pero nunca desarrolladas.
Mesa para garantizar las prestaciones mínimas universales del Estado del bienestar en temas como la sanidad o las pensiones.


Estos grandes acuerdos, cuyas líneas básicas deberían comprometerse a desarrollar los dos grandes partidos, gobierne quien gobierne, deberían hacerse sobre otros dos grandes acuerdos básicos: la política exterior y la lucha contra el terrorismo.