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La tesis de la paz democrática y sus peligros

Juan José Solozábal
jueves 17 de junio de 2010, 16:32h
La lectura de un excelente trabajo escolar me da la ocasión de reflexionar sobre las relaciones entre democracia y paz en el plano internacional. Se trata de profundizar algo en las tesis que un importante teórico de las relaciones internacionales Michael Doyle formula a propósito de su idea de la paz democrática. Se parte de la asunción de dos afirmaciones: En primer lugar, que los Estados cuya configuración es democrática, esto es, que aceptan la exigencia típica del constitucionalismo de actuación limitada y respetuosa con la observancia del derecho y reconocen de la separación de poderes, no presentan conflictos entre sí, pues tienden a adoptar en sus relaciones mutuas procedimientos y actitudes que tienen que ver con esa visión civilizada y moderada de la política. En segundo lugar, que si se quiere establecer de modo permanente un escenario internacional de paz, habría que tratar de expandir las formas democráticas, promoviendo su generalización en los Estados que no tienen esta condición, lo que puede llevar a un derecho de intervención, que hay que delimitar cuidadosamente no sólo en lo que se refiere a los agentes que lo protagonicen, sino a los supuestos en que se lleve a cabo legítimamente, si no queremos que la referencia a la paz democrática sirva de coartada ideológica para justificar la imposición de determinados puntos de vista y alineamientos que en realidad constituyen una nueva versión del imperialismo.

La relación entre democracia y paz es fácilmente establecible, desde luego en el plano empírico, pues son raros los conflictos bélicos entre democracias, aunque no inexistentes, si se piensa por ejemplo en algunos choques mutuos durante el siglo XIX de los sistemas constitucionales que, aunque fuese en casos puntuales, podían contender por sus ambiciones imperialistas. Pero ocurre también que en las democracias, incluso en sus relaciones con Estados que no presentan este carácter, si no estamos hablando de guerras defensivas, el conflicto es más evitable en la medida en que la discusión pública de los problemas y la sujeción de la actuación internacional al escrutinio y el control parlamentario hacen difícil una actuación bélica impulsiva o irracional, debida a una motivación personal o atribuible a la arbitrariedad o la arrogancia que caracterizaba la conducta pública en el Antiguo Régimen también en el terreno internacional.

La cuestión está en que esta conexión de la paz y la democracia, forma política en la que incluimos los sistemas que reconocen y protegen los derechos humanos, no puede justificar cualquier actividad internacional, incluso la intervención militar en su caso, si no queremos que la ideología liberal sirva de coartada para la afirmación dogmática de un orden político incuestionable y por tanto del liderazgo político que mejor se identifica con dicho orden y que todos sabemos cual es.

La intervención internacional no plantea problemas cuando pensamos en los programas de ayuda en los procesos electorales que deben continuarse con planes de asesoramiento y entrenamiento permanente de funcionarios o agentes cualificados de los sistemas políticos, referidos por ejemplo a élites políticas durante los tiempos de transición democrática o puesta en marcha de reformas institucionales. Con todo, se trata de actuaciones delicadas, pues los patrones de modernización política si no deben establecerse en términos concluyentes, tampoco han de ignorar que la organización constitucional democrática tiene unos niveles imprescindibles que no se pueden confundir o bastardear. Así la democracia no consiste en cualquier organización política que lleve este nombre ni los derechos humanos pueden evitar una distancia del poder político ni renunciar a afirmar un espacio suficiente de dignidad individual.

La cuestión está en la justificación de la guerra. No cabe rendirse ante utopías pacifistas que excluyan por razones antropológicas el conflicto que una actuación internacional supone, ni podemos oponer ante esta el reducto inexpugnable de la soberanía estatal, como si estuviésemos en la época westfaliana. Con nuestros clásicos, Francisco de Vitoria a la cabeza, cabe aceptar la guerra justa, y admitir la intervención que podría justificarse en casos como la violación atroz y masiva de los derechos humanos de la población o el genocidio. Pero la justificación de la intervención, habría de superar en términos mas estrictos de los que parece pensar Michael Doyle, el test del principio de proporcionalidad, de modo que tal intervención no causase un mal superior al bien que pretende originar, condicionándose su licitud, además, estrictamente a los casos que la autoridad internacional, esto es, Naciones Unidas, la avalase.

Juan José Solozábal

Catedrático

Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

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