La Suprema Corte de Justicia de México y los derechos humanos

Han pasado poco más de cuatro años de los enfrentamientos entre los habitantes de San Salvador Atenco, en el Estado de México y policías estatales y federales. El 3 de mayo de 2006 autoridades municipales y estatales desalojaron de una plaza pública a un grupo de ejidatarios (propietarios de pequeños terrenos) de Atenco que protestaban por el plan del gobierno federal de Vicente Fox de expropiar muchas de sus tierras para la construcción de un aeropuerto. Varios de los manifestantes pertenecían al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), organización que desde que se hizo público el proyecto gubernamental, se opusieron a éste. A los que ahí se manifestaban se unieron varios floricultores de la zona y otros ciudadanos del lugar, enfrentándose a los miembros de los cuerpos de policía, al que se sumaron posteriormente policías federales.

El conflicto derivó, por ambas partes, en actos de violencia resultando un menor muerto, varios habitantes y policías heridos y alrededor de 200 detenidos. Al día siguiente policías estatales y de la Policía Federal Preventiva llevaron a cabo una redada en varios domicilios del pueblo, en la cual arrestaron a varias personas más. Los detenidos y sus familiares denunciaron abusos por parte de las autoridades: uso de fuerza excesiva, tortura y violaciones. Se les acusaron de varios delitos, como crimen organizado -que no pudo probarse-, atentado a las vías generales de comunicación y secuestro equiparable. Varios de los detenidos fueron puestos en libertad en días posteriores, pero a los restantes se les sentenció a penas que van de 31 a 112 años de prisión.

Desde entonces, varias organizaciones en defensa de los derechos humanos han demandado que se revisen los expedientes y proceso judicial de los detenidos de Atenco. Finalmente, el 30 de junio la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ordenado la liberación inmediata de doce miembros del FPDT, al considerar que no tuvieron un debido proceso y juicio justo.

Los ministros de la Corte determinaron que las sentencias impuestas era una manera de criminalizar la protesta social y una forma de castigo a la oposición, así como un atentado a las libertades de asociación y expresión, garantizadas en la Constitución. El fallo de la Suprema Corte adquiere relevancia en cuanto a la protección de los derechos humanos, y marca un camino en el trato y manejo de la protesta social y el disenso. Esta es una buena noticia para México, especialmente dada la situación de creciente violencia, corrupción e impunidad que aún persisten en el país. La democracia no puede existir sin un sistema judicial confiable y eficiente que garantice los derechos de los ciudadanos. Tal vez con estas decisiones los mexicanos comiencen a confiar en sus autoridades.