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Vindicación de la víctima

viernes 02 de julio de 2010, 19:04h
Hace unos días se celebró una solemne ceremonia en el Parlamento español, con la presencia de las más altas instituciones del Estado, para honrar a las víctimas del terrorismo. Además del señalado acto de esta ocasión, se puso claramente de manifiesto la voluntad política de dar continuidad a este reconocimiento institucional mediante la declaración de una fecha del calendario -concretamente, el 27 de junio- como día que en lo sucesivo se rinda homenaje a las susodichas víctimas. Éstas mismas o, al menos, algunos de sus representantes, que estuvieron en tan protocolaria jornada, mostraron su satisfacción -se supone que dentro de lo que cabe- por el “valor simbólico y de memoria” que exteriorizaba así la sociedad española en favor de las víctimas, protegiendo su dignidad frente a cualquier forma de fanatismo. Hasta ahí, todo aparentemente impoluto, incluso encomiable si tenemos en cuenta que venimos de un tiempo, no tan lejano, en el que los damnificados por la violencia -en un retorcimiento siniestro de la barbarie, que añadía oprobio al dolor- eran considerados responsables o hasta directamente culpables del mal que se les infligía. Incluso políticos y ciudadanos de a pie que no comulgaban con tamaña vileza, callaban y miraban para otra parte, bien por cobardía, bien por comodidad y en no pocos casos, ¿por qué no decirlo?, para sacar réditos a su contemporización.

Hay algo sin embargo que no termina de acomodarse de forma coherente con ese franco, explícito y prácticamente unánime reconocimiento oficial a los que han sufrido en carne propia o en sus familiares directos la sinrazón de la violencia. Por partir de una perogrullada, en el campo que tratamos no hay víctima sin victimario. El herido o mutilado no lo ha sido por causas naturales o fortuitas, sino porque alguien ha querido dañarle. A pesar de que en alguna ocasión se ha empleado esta comparación deleznable, no es lo mismo morir por un accidente de tráfico o cualquier otra fatalidad que morir por un tiro en la nuca o tras la explosión de una bomba. Por eso, no nos confundamos, no hablemos de “muertes” en términos neutrales, sino de asesinatos, que es muy distinto. Se puede y se debe ayudar e incluso, si procede, dar un homenaje a quienes sobreviven después de una catástrofe. Nadie en su sano juicio puede pedir más. Pero las víctimas no son los supervivientes de un cataclismo ni de un fenómeno que esté más allá de las voluntades humanas. Muy al contrario, lo son porque ha existido una voluntad ajena para perjudicarles. Por tanto, no puede haber reconocimiento digno del rol de víctima si no va acompañado con la sanción correspondiente a quien ha cometido el delito. Una sanción -esto es fundamental- que sea proporcionada al mal causado. Y es aquí donde cualquiera que mire en torno suyo encontrará algunas incongruencias que, como mínimo, llevan a la perplejidad o, siendo mal pensados, conducen a un marcado escepticismo respecto a la existencia de una nueva actitud respecto a las víctimas.

Es obvio que no estamos hablando de venganza en cualquiera de sus formas o manifestaciones. Nadie, empezando por las propias víctimas, ha pedido tal cosa. Vivimos -o eso queremos creer al menos- en una sociedad civilizada, sujeta a leyes y reglas. Es lo que nos distingue de la ley de la selva, pero también de la barbarie institucionalizada que campea -¡triste es reconocerlo!- en tantos rincones del globo. Por los medios de comunicación tenemos periódica noticia de los castigos que se aplican en determinados Estados dominados por ideologías fundamentalistas: se cortan manos y brazos a ladrones reales o supuestos -porque tampoco hay juicios con garantías-, se azota hasta la muerte a determinados reos, se lapida a adúlteras, se degüella a semejantes en nombre de Dios, se hacen ejecuciones como fiestas populares..., en fin, toda una gama de crueldades que nos llenan con razón de horror y asco de la condición humana. Nosotros, nuestra sociedad, también vivió en el pasado tales atrocidades. Desde el siglo XVIII grosso modo fue extendiéndose sin embargo en las elites europeas un planteamiento humanista y humanizador del delito que toma al transgresor o al delincuente no como una fiera o un poseído, sino como lo que primariamente es, un ser humano, uno “como nosotros”, por mucho que nos pese la comparación.

De ahí vino la “humanización del castigo”. Frente a las torturas, la crueldad y el trato degradante que habían sido moneda corriente durante tantos siglos, se fue imponiendo una penalización progresivamente más suave, precedida por un juicio en el que el acusado dispusiera de todos los medios para su defensa. Fue un proceso muy largo, sacudido por retrocesos notables y recorrido de modo desigual por los países avanzados, pero puede decirse que toda la cultura occidental terminó por impregnarse de esos principios y llevó a la práctica tales criterios. La paradójica consecuencia de todo ello fue que en un momento dado dicha evolución provocó que psicólogos, juristas, reformadores y teóricos del más diverso pelaje pusieran el foco de atención primero y una cierta “comprensión” después sobre el sujeto que rompía las normas de convivencia en detrimento de todo lo demás, incluyendo en este saco naturalmente a las víctimas de sus desmanes. Esta tendencia se vio favorecida por determinadas corrientes críticas y revolucionarias que hablaban de la injusticia como el sustento mismo de toda estructura social, ya fuera en forma de explotación, represión, desigualdad o alienación. Cualquiera que se alzara contra el orden establecido gozaba de un estatus de prestigio como rebelde o revolucionario o, en el peor de los casos, resultaba también ser una víctima de un orden social corrompido desde sus propios cimientos.

En ese caldo de cultivo seguimos viviendo hoy. Todo el mundo sabe que hay por ahí más de un terrorista suelto al que le no le ha salido cada muerto que ha provocado ni a un año de cárcel. Pero no hablemos ya de víctimas del terrorismo, sino de cualquier tipo de víctima de la codicia, envidia, ira, desvarío o atavismo de nuestros semejantes. Como se habrá podido apreciar, he querido rehuir en toda esta reflexión cualquier referencia a casos de actualidad, orillando la mención de nombres propios, incidentes concretos y situaciones reconocibles que, dicho sea de paso, están en la mente de todos. Algunos de esos casos han conmovido especialmente a la opinión pública por ser las víctimas particularmente indefensas -chicas, casi niñas, violadas y asesinadas- o por ser los verdugos crueles en grado extremo, sin que la minoría de edad -eximente ante la ley- haya sido obstáculo para que hayan desplegado una capacidad para el mal digna de mejor causa.

Cuando la indignación se desata, los poderes públicos arguyen que es malo legislar “en caliente”, es decir, hacer una reforma penal que de una vez por todas condene al criminal al castigo que se merece, cuidando que las posibles redenciones, favores y beneficios no terminen siendo una burla, no sólo para los damnificados sino para la sociedad en su conjunto. Cuando la conmoción se diluye o se “enfría”, suelen argumentar los legisladores y los teóricos que el endurecimiento penal en determinados supuestos no es una “prioridad social”, y así hasta la próxima. De hecho, mientras la izquierda se encuentra en este campo prisionera de sus fantasmas, la derecha se halla rehén de sus complejos. Por otro lado, y en contra de lo que se dice muchas veces, no se trata de un problema español, sino de un asunto que compete a todo Occidente, que ha perdido en éste como en otros casos el punto de equilibrio. Aunque saber que en esto -para lo malo- estamos como todos, constituye un magro consuelo. Hace falta un giro copernicano que sitúe a las víctimas en el centro de atención, extrayendo de ese enfoque las consecuencias oportunas. No basta darles un abrazo ni una indemnización.
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